La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia comenzó hoy la vista para resolver el recurso de casación presentado por el ex presidente costarricense Rafael Ángel Calderón (1990-1994) contra una sentencia que le condenó a cinco años de prisión por peculado (desvío de fondos públicos).
En la audiencia, que está previsto que se prolongue hasta el día 24 de junio, Calderón, primer ex presidente condenado en la historia del país, y otros acusados por un caso de corrupción y desvío de fondos esperan que los magistrados revoquen la sentencia dictada en su contra en octubre del año pasado por un tribunal penal de primera instancia.
El ex mandatario no asistió hoy al inicio de la vista debido a que, según su abogado, Juan Marco Rivero, se encuentra incapacitado por una afección en los bronquios.
Rivero dijo a Efe que confía en demostrar que la sentencia contra Calderón está viciada tanto en forma como en fondo, y afirmó que entre las múltiples fallas que tiene, según él, se destaca la supuesta «aplicación indebida de la ley».
El letrado dijo al respecto que los hechos por los que se condenó a su cliente no calzan dentro del delito de peculado, pues Calderón no era funcionario público cuando se produjeron los hechos juzgados.
El ex mandatario declaró a medios locales que la condena en su contra obedeció a un «juicio político» para frenar sus aspiraciones a la Presidencia, por lo que espera que el proceso de casación se apegue a los temas jurídicos.
La Sala Tercera, que estará en sesión sobre este tema durante tres días esta semana y otros tres la semana próxima, tiene potestad para dictar un fallo absolutorio u ordenar un nuevo juicio si considera que el proceso estuvo viciado, en cuyo caso, según Rivero, el proceso judicial podría extenderse hasta el 2014.
Calderón fue sentenciado por un tribunal penal a cinco años de prisión por dos delitos de peculado, relacionados con un reparto de 8 millones de dólares en comisiones de un préstamo estatal.
El crédito de 39,5 millones de dólares fue suscrito por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) con Finlandia en 2002 para la compra de equipo médico a una empresa de esa nación europea.