A punto de cumplir un año en el poder, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ha sacado del horno la ley más polémica de su mandato, una norma que sus críticos ya han apodado con apelativos tan gastronómicos como ley «chorizo» o «camarón» y que, aseguran, es un ejemplo de autoritarismo.
Martinelli, investido el pasado 1 de julio como mandatario de Panamá, dio hoy el visto bueno a la ley 177, propuesta para introducir reformas en el sector de aviación civil y que, de paso, supone la introducción de reformas en los códigos Penal, de Trabajo y el de Justicia, y en seis leyes, incluidas la ley orgánica de la Policía, la de contrataciones públicas y la del medio ambiente.
Entre otras cuestiones, la ley reduce control a la actividad del Ejecutivo en materia ambiental y condiciona el ejercicio de la ley de huelga, algo que ha encendido las iras de sindicatos, ambientalistas y oposición, que han convocado a la población a protestar en las calles.
En la prensa se le han puesto casi tantos apelativos como disposiciones y ya es conocida popularmente como «ley 9 en 1», «ley chorizo» o «ley camarón», un término que en Panamá se utiliza para aludir a un engaño y de forma similar a dar gato por liebre.
También se denomina «ley langosta», por aquello de que es incluso más grande que un camarón y trae más cola que cabeza, y hasta «ley golazo», aprovechando la coyuntura mundialista.
En la práctica, la norma, aprobada en el Parlamento el pasado fin de semana, prevé que en el plano laboral se puedan suspender los contratos de los empleados en huelga, contratar trabajadores en esos casos y utilizar la Policía para garantizar la «protección» de la empresa, cuya «operatividad» queda ahora garantizada.
También establece que a un policía no se le pueda detener de forma preventiva por delitos cometidos en horario de servicio ni sea suspendido en el cargo durante la investigación.
Además, elimina el requisito de estudio de impacto ambiental de obras del Estado «declaradas de interés social», entre otras muchas disposiciones.
«Esto es un exabrupto no solo jurídico sino contra la naturaleza», indicó a Efe la ambientalista Raisa Banfield, al señalar que la nueva disposición implica para el país «pasos agigantados hacia atrás».
Banfield dijo que «con este marco que abre, todo lo que venga detrás que no sean proyectos de escuelas o carreteras también entra en este paraguas», al recordar «la extensa promoción» del Gobierno a la posibilidad de explotar los yacimientos de oro y cobre del país -estos últimos, según estudios privados, de los más importantes del mundo-.
El canciller panameño, Juan Carlos Varela, reconoció hoy en declaraciones a la prensa internacional que «faltó divulgación» por parte del Gobierno, pero aseguró que la nueva norma no implica que desaparezcan los controles en materia ambiental.
«Nosotros tenemos que dar la cara por un país», dijo, y agregó que «se están buscando catalizadores» para facilitar la inversión pública.
El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, recordó que la ley fue aprobada en el Parlamento -donde el oficialista Cambio Democrático tiene mayoría- y dijo que este «no es un Gobierno de matones, este es un Gobierno que cree en el derecho».
Además, indicó, en estos momentos de lucha contra el crimen los policías no pueden quedar presos «mientras se dilucida el proceso (…) como si fuera un criminal común y corriente».
Para el vicepresidente del opositor Partido Popular (conservador), Aníbal Culiolis, hay «una reacción y opinión generalizada del pueblo panameño de que el Gobierno se está excediendo en el ejercicio de la autoridad y que es necesario un diálogo».
«Hay muy serias afectaciones en materia laboral: Se le permitiría a la Policía Nacional entrar a los centros de trabajo, creando una situación de conflicto con los trabajadores que estén en huelga, podrían quedar sin efecto los contratos de trabajo y estos pueden ser reemplazados», explicó a Efe.
En opinión de Culiolis, la ley fue aprobada «sin la debida consulta y participación de amplios sectores de la comunidad».
El jefe de la bancada en el Congreso Partido Revolucionario Democrático (PRD, el principal de la oposición), Yassir Purcait, declaró a Efe que ahora un policía investigado «va a tener acceso al expediente, a la lista confidencial de los testigos, por ejemplo, de su propia investigación».
«Se ha abierto un escenario más para la corrupción y la impunidad», agregó.
