Debate Nación. El PP pide estabilidad institucional, blindar el Estado de bienestar y prohibir el «burka» en lugares públicos

Estabilidad institucional, blindaje del Estado de bienestar y prohibición del uso del «burka» son algunas de las propuestas de resolución que el Grupo Popular ha presentado tras el Debate sobre el Estado de la Nación.

En una rueda de prensa celebrada en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría explicó que la primera de las propuestas de resolución del PP es en «defensa de la estabilidad institucional», por considerar que para poder crecer como nación y defender los derechos y libertades de los españoles, es preciso el «preservar y restablecer los consensos constitucionales sobre el modelo de Estado de las Autonomías».

La resolución insta al gobierno a «cumplir y garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, en el que la Constitución es la ley suprema de la que emanan el resto de normas, así como la interpretación de las mismas que derivan de las sentencias que dictan los jueces y tribunales».

Otra de las propuestas de resolución reivindica, en palabras de Soraya Sáenz de Santamaría, el blindaje del Estado de bienestar. El texto insta al Gobierno «a buscar y respetar los pactos necesarios para proteger el Estado de bienestar, de manera que las futuras reformas, que afecten a los derechos básicos de los ciudadanos, no se aborden de forma unilateral sin la participación de los grupos parlamentarios, los agentes sociales y todas las administraciones públicas afectadas».

Otra de las propuestas destacables está orientada a la defensa y a la igualdad de todas las mujeres en España «a través de la prohibición del uso del veto integral en espacios públicos».

El texto insta al Gobierno «a prohibir en espacios o acontecimientos públicos que no tengan finalidad estrictamente religiosa el uso de velos integrales (burka o niqab), así como cualesquiera otros atuendos que oculten el rostro y dificulten la identificación de la persona y la comunicación visual, por tratarse de una discriminación que no está amparada por la libertad religiosa, al ser contraria a la dignidad de las personas y a la igualdad real y efectiva de los hombres y mujeres».

El PP exige también en otra de sus iniciativas que «el Gobierno cumpla los mandatos del Congreso de los Diputados», que en la primera semana de cada periodo de sesiones se convoque «de forma automática» la Comisión Constitucional con objeto de que la vicepresidenta primera del Gobierno informe sobre el grado de cumplimiento de las mismas.

PLAN GLOBAL DE EMPLEO

Por otra parte, el PP propone poner en marcha un plan global de medidas para la recuperación económica y la creación de empleo que incluya, además de una «política económica que favorezca el crecimiento generador de empleo», una reforma de las administraciones públicas, para evitar solapamientos, y una política fiscal.

Dicho plan global incluye también la «urgente» reestructuración, saneamiento y consolidación del sistema financiero, la modernización de las relaciones laborales, un plan de empleo joven, la definición de un modelo energético «eficientes, competitivo y sostenible», un plan industrial para mejorar la competividad del tejido industrial, un plan de apoyo al sector turístico y el fomento de la competencia y unidad de mercado.

Otra de las propuestas plantea una serie de criterios para la elaboración de unos presupuestos «realistas y austeros para salir de la crisis», cuales son reducir el gasto no financiero en términos homogéneos en los PGE para 2011 al menos en 20.000 millones de euros con respecto a la previsión de cierre de 2010, no subir los impuestos y reducir el gasto superfluo, en especial el derivado de la estructura del Gobierno.

El PP propone también en otra iniciativa una política fiscal «justa y que genere confianza», permitiendo, por ejemplo, que las pymes y los autónomos no tributen por IVA por las facturas pendientes de cobro, tal y como se aprobó por mayoría en la Cámara Baja.

Por otra parte, el PP ha registrado una propuesta de resolución sobre política de infraestructuras, para que en el plazo de un mes el Gobierno presente un plan de recortes de gasto en esta materia y dé prioridad a la financiación de aquellas obras que incidan directamente en la recuperación de la actividad económica.

Además, reivindican al Gobierno que presente una Ley de Financiación Local y ponga en marcha la línea de crédito ICO directa dirigida a las entidades locales para facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos con anterioridad al 30 de abril de 2010, como aprobó el Congreso de los Diputados a través de la Ley de Morosidad.

Otra de las propuestas versa sobre el Pacto de Toledo y exige al Gobierno que cumpla las recomendaciones contenidas en él, que preserve los principios de consenso político y social y que adopte «medidas alternativas de ahorro económico que permitan atender los objetivos de reducción del déficit público sin merma de la capacidad económica de los pensionistas españoles».

LOS MÁS NECESITADOS

El PP se acuerda también de las familias más necesitadas y pide al Gobierno que lleve a cabo las modificaciones legales oportunas con el objeto de restablecer en la cuantía de 500 euros anuales las prestaciones por hijo a cargo para menores de tres años y que fueron recortadas el pasado mes de mayo a 291 euros.

También formula el PP una resolución para modernizar la justicia y reforzar la protección de las víctimas de violencia de género. Soraya Sáenz de Santamaría alegó que «España necesita una justicia ágil para proteger los derechos fundamentales».

El PP también quiere que el Gobierno promueva los intereses de España, especialmente pesqueros, en la Unión Europea y sobre eso versa otra de las propuestas de resolución.

Otra de las propuestas pide al Gobierno que resuelva los problemas generados en la carrera militar «por la mala gestión de la ministra de Defensa», cuya Ley de la Carrera Militar ha causado «innumerables agravios y situaciones injustas», explicó Soraya Sáenz.

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