La asociación islámica Watani ha presentado seis alegaciones a la ordenanza del Ayuntamiento de Lleida que prohíbe el uso de velos integrales –‘burka’ y ‘niqab’– en instalaciones municipales, en que considera desproporcionado regular unos signos religiosos concretos «que simplemente no gustan estéticamente».
Según el texto de alegaciones, al que ha tenido acceso Europa Press, la entidad advierte de que la prohibición impide el ejercicio de derechos fundamentales recogidos en la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa.
También argumenta que la regulación es ilegal al no existir motivación suficiente que acredite la necesidad de la medida, ni riesgos «ni alteración de orden público o de convivencia». Considera que, «dado que es evidente que se quieren restringir derechos exclusivamente de los colectivos musulmanes e islámicos», debería haberse iniciado un diálogo previamente.
Por todo ello, pide una reunión al alcalde, Àngel Ros, para encontrar una solución y suspender la medida, y precisa que ya se ha puesto en contacto con el Síndic de Greuges, además de advertir que reclamará la intervención de las autoridades europeas.
Abocam Abogados, con sede en Barcelona, ha asesorado a la entidad Watani en la redacción de las alegaciones. El despacho se ofreció a representarles gratis después de que, según la entidad, ningún despacho de abogados de Lleida especializado en recursos administrativos quisiera aceptar el caso.
COMPETENCIA MUNICIPAL
El presidente de Watani, Mourad El Boudouhi, ha reclamado esta semana que se respete «el derecho de las mujeres de creencia musulmana a elegir», y ha opinado que los ayuntamientos «no tienen competencia para legislar» en materia de velos integrales. «Pedimos al Ayuntamiento que rectifique porque nadie ha preguntado a las musulmanas su opinión», ha reiterado.
Sobre la ordenanza, que veta el acceso de personas con prendas que cubran el rostro en instalaciones municipales y que prevé multas de hasta 600 euros, El Boudouhi ha afirmado: «Si una mujer se niega a identificarse ante el responsable de un espacio municipal, que no la dejen entrar, pero que no la multen».
Si las alegaciones no prosperan, la entidad ha amenazado con recurrir a la vía judicial. «El ayuntamiento habrá demostrado que no tiene intención de diálogo», ha considerado El Boudouhi.
La modificación de la ordenanza que prohíbe la entrada a los equipamientos municipales de Lleida con velo integral fue aprobada el pasado 28 de mayo en el pleno del Ayuntamiento y entrará en vigor en otoño.