El secuestro del ex senador y ex candidato presidencial mexicano Diego Fernández de Cevallos, del que mañana se cumplen cien días, fue perpetrado por una banda de la delincuencia organizada que «se hace pasar por un grupo guerrillero y en la que hay policías y ex policías», aseguró hoy a Efe un experto.
Max Morales, asesor privado en liberación de rehenes y quien medió en casos perpetrados por el sanguinario Daniel Arizmendi, «El Mochaorejas», dijo a Efe que el plagio de Fernández de Cevallos se inscribe en los secuestros de «alto impacto».
Explicó que esta modalidad se caracteriza porque los plagiarios «prolongan el cautiverio más de un año, no tienen prisa y cuidan de su víctima» hasta obtener lo que quieren: mucho dinero.
Fernández de Cevallos, candidato a la Presidencia en 1994 por el Partido Acción Nacional (PAN), desapareció el pasado 14 de mayo y su coche fue hallado con restos de sangre a la entrada de un rancho suyo en el central estado de Querétaro, próximo a la capital.
Tras el suceso, manejado por las autoridades como una desaparición, su familia pidió suspender la investigaciones policiales para poder negociar con los secuestradores.
Hasta ahora se sabe públicamente de dos mensajes enviados por los secuestradores con sendas fotografías en las que aparece el llamado «jefe Diego» con los ojos vendados, la última de ellas acompañada por un manuscrito de la víctima, escrito el pasado 10 de junio.
«No puedo describirte el infierno que vive tu padre y no sé cuánto aguante más. Por ello te pido que hagas lo más rápido que puedas tu mayor esfuerzo. Ellos tienen todo el tiempo del mundo, no les corre ninguna prisa», señala la carta del ex candidato presidencial a su hijo Diego.
Max Morales dijo este sábado que hace 20 años se registró en México el primer secuestro prolongado contra un empresario mexicano que estuvo nueve meses en cautiverio, y hace dos años este récord fue superado, primero con un plagio que duró un año y tres meses, y después con otro que llegó al año, ocho meses y doce días.
Para este especialista, quienes secuestraron a Fernández de Cevallos, uno de los políticos mexicanos más influyentes, forman parte de «un grupo de la delincuencia organizada, en la que hay policías y ex policías», «son profesionales» que planearon muy bien la captura del ex senador, ya que nadie los vio cuando ejecutaron el plan y «han cuidado las comunicaciones» con la familia, incluso recurriendo al silencio.
«No tienen prisa y están preparados para un cautiverio prolongado, están cuidando a la víctima, porque les conviene para su negocio mantenerlo vivo», agregó.
Algunos especialistas han dicho que detrás del secuestro estarían grupos subversivos porque el operativo de plagio tiene parecido con los que realizaron en décadas pasadas grupos guerrilleros, pero Morales asegura que esta banda se esconde bajo esa fachada, y que la integran policías y ex policías.
Morales afirma que el 90 por ciento de las bandas de secuestradores en México tienen como miembro al menos a un policía, lo que hace difícil perseguirlas.
Sobre la versión de que las dificultades de entregar una alta suma de dinero en efectivo estaría retrasando la liberación, Morales dijo que eso no sería un obstáculo porque «estos grupos ya han cobrado grandes cantidades» y citó el caso de un ex banquero, por cuyo rescate fueron entregados «37 millones de dólares en cajas de huevo, puestas dentro de una camioneta».
El secuestro de Fernández de Cevallos se da en el marco de un clima de violencia que afecta a México desde hace cuatro años. En ese periodo, el combate a los carteles de las drogas y la guerra que estos libran entre sí, ha dejado una estela de muerte, con más de 28.000 asesinatos.
Hace dos años, la muerte de un adolescente a manos de sus secuestradores, levantó una ola de indignación social que empujó a una inédita reunión de autoridades federales, encabezada por el presidente Felipe Calderón; estatales, municipales, judiciales y legislativas y representantes sociales para buscar una solución.
Esa reunión concluyó con un acuerdo nacional de 75 compromisos para combatir la delincuencia organizada, del que varios de los representantes sociales aseguran ahora que no se han cumplido y que hay más violencia que en ese momento.