Amnistía Internacional ha expresado este jueves su «profunda preocupación» por el asesinato de 72 inmigrantes ilegales procedentes de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil presuntamente por el cártel de Los Zetas en el estado de Tamaulipas, en el norte de México, y ha pedido al Gobierno que se lleve a la justicia a los responsables y que se adopten medidas contra la «violencia sistemática» de la que son víctimas los clandestinos.
«Es vital garantizar que los responsables de los asesinatos son identificados y llevados ante la justicia, pero las autoridades deben garantizar también la seguridad de los testigos y establecer rápidamente y de forma fiable la identidad de las víctimas con el fin de que las familias puedan recibir sus restos», subraya la organización, que pide que haya «disponibles recursos suficientes» para ello.
«El asesinato a sangre fría de inmigrantes indefensos que intentaban llegar a Estados Unidos (…) es la prueba más clara hasta ahora de la escala y la severidad de los ataques contra los inmigrantes irregulares», denuncia Amnistía, que en abril ya había criticado en un informe la falta de «medidas eficaces para prevenir y castiga miles de secuestros, asesinatos y violaciones de inmigrantes irregulares».
Lo ocurrido en Tamaulipas, subraya la organización, «demuestra los peligros extremos a los que se enfrentan los inmigrantes y la aparente incapacidad tanto de las autoridades federales como de las estatales para reducir estos ataques». Por ello, considera que «la respuesta de las autoridades a este caso será un examen».
En este sentido, Amnistía defiende que «el fracaso del Gobierno federal en demostrar un liderazgo claro en la aplicación de medidas para abordar la violencia sistemática a la que se enfrentan los inmigrantes irregulares debe terminar con la aplicación de un plan de acción claro en el que todas las agencias clave (…) adopten acciones coordinadas y efectivas».