El Consejo de Ministros ha aprobado la Ley Reguladora del Procedimiento Laboral que unificará en los Juzgados de lo Social todos los litigios que afecten al ámbito laboral y que hasta ahora se tramitaban en los juzgados civiles o contencioso-administrativos.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, explicó que el objetivo de esta nueva regulación será «evitar el pegrinaje institucional» y «mejorar los tribunales que afectan directamente a empresarios, autónomos y trabajadores» para facilitar el proceso de recuperación económica.
La nueva regulación concentrará en la jurisdicción social los litigios sobre las relaciones de trabajo, el acoso laboral, los accidentes laborales -sin incluir los de materia penal-, las enfermedades laborales, la seguridad e higiene y la vulneración de los derechos fundamentales.
«El objetivo de esta Ley es simplificar los trámites, dar una respuesta más ágil y evitar las dudas interpretativas para saber qué juez debe resolver este tipo de asunto», apuntó Caamaño.
El ministro apuntó que «será difícil» que esta Ley acorte los plazos de resolución de los expedientes de despido y recordó que la media de resolución de conflictos de los tribunales sociales se encuentra entre los seis y los siete meses.