La Justicia mexicana procesará con plenas garantías y respeto a sus derechos fundamentales a cualquier miembro de la delincuencia organizada que sea capturado por las fuerzas del orden, sean éstas policiales o del Ejército, declaró hoy a Efe la magistrada del Supremo mexicano Olga Sánchez Cordero.
«Es nuestra función que toda persona tenga un proceso legal, constitucionalmente adecuado, una garantía de audiencia, y se le respeten ante todo sus derechos fundamentales, aunque sea el peor de los delincuentes», agregó en entrevista la ministra del máximo tribunal mexicano en materia jurisdiccional.
Sánchez Cordero reconoció que México enfrenta un reto mayúsculo en materia de seguridad y justicia debido al alcance que hoy tienen crímenes muy graves como el tráfico de drogas, armas o personas, el secuestro y la extorsión, entre otros.
Bajo el mandato del presidente Felipe Calderón, que en diciembre de 2006 convirtió en una de sus prioridades políticas el combate al crimen organizado, fue aprobada en 2008 una reforma al sistema de justicia penal que pretende modernizar la administración de justicia y ajustarla a los principios de un Estado democrático de derecho.
La reforma, que tardará ocho años en estar en pleno funcionamiento, pone en el centro del nuevo sistema penal mexicano la presunción de inocencia e introduce un sistema acusatorio, con juicios orales, diferente del inquisitorial actual, donde el reo debe aún probar su inocencia.
Estos cambios buscan asegurar la imparcialidad de los juicios, implantar prácticas más efectivas de combate contra la delincuencia organizada, y adaptar las leyes penales mexicanas a los tratados internacionales suscritos por este país.
Para Sánchez Cordero, contra cualquier tentación «autoritaria» que pueda existir con el nuevo marco normativo, la función de la Justicia mexicana debe ser siempre la de ofrecerse como contrapeso en la protección «de los derechos fundamentales» de cualquier persona arrestada y sujeta a proceso.
Precisamente en 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de una treintena de indígenas que habían sido encarcelados bajo largas penas con pruebas fabricadas o endebles en relación con la muerte de 45 indígenas tzotziles ocurrida en 1997 el poblado de Acteal, en Chiapas.
A aquel fallo siguieron otras excarcelaciones más en procesos mal armados o de condenas a penas desproporcionadas por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) o de las fiscalías estatales que los instruyeron.
«La SCJN y los tribunales estamos abocados a la defensa de derechos fundamentales y derechos humanos. Y esto no puede soslayarse», recordó hoy la magistrada.
Admitió que el Poder Judicial en México está «en el ojo del huracán porque la gente se cuestiona por qué de tantos delitos que se cometen hay tan pocos sentenciados».
Sánchez Cordero cree que, con todo y reforma penal en curso, la lentitud en su aplicación está generando problemas.
Una de las expectativas es que haya una verdadera profesionalización de las investigaciones que se realicen.
«Creo que todo este tipo de investigación profesional, altamente calificada, es muy importante. Se está avanzando pero a lo mejor no al ritmo que se necesita en este momento», declaró.
La magistrada del Supremo evitó pronunciarse, por ser un tema abierto en la Corte, sobre si debería o no revisarse el Código Penal Militar, que permite la existencia de un fuero especial para la institución castrense incluso en casos donde civiles sean víctimas de militares que atenten contra sus derechos humanos.
«Si yo le contesto en este momento ya no podría pronunciarme en la sentencia definitiva», añadió.
Finalmente, la magistrada Sánchez Cordero reconoció que la estrategia contra la delincuencia organizada impulsada por Calderón, con el liderazgo de los militares, sí está dentro de los límites que marca la Constitución.
«En el caso de que sea o que se califique a esto como seguridad nacional no habría (problemas de constitucionalidad), la Constitución lo prevé», concluyó.
