La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha admitido una denuncia contra Colombia por la muerte de un ecuatoriano en el bombardeo contra una base de las FARC en Ecuador en 2008, según dijo hoy a Efe una fuente de la procuraduría de ese país.
«Sí, la ha admitido», dijo la fuente, que no dio más detalles porque la información sobre el caso «es reservada».
La Comisión, que es un ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), comunicó su decisión a las partes en los últimos días, de acuerdo con la fuente.
Colombia había mantenido que la CIDH no era competente para ver el caso.
Se trata de la primera vez en que la Comisión admite una denuncia de un país a otro desde su creación en 1959.
El primer caso en el que un Estado denunció a otro fue Nicaragua contra Costa Rica en 2006, por xenofobia y discriminación contra inmigrantes nicaragüenses, pero la CIDH declaró la denuncia inadmisible un año después.
En el bombardeo colombiano contra el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano murieron 26 personas, entre ellas el «número dos» de la guerrilla, alias «Raúl Reyes», el ecuatoriano Franklin Aisalla y cuatro estudiantes mexicanos.
Ecuador presentó la denuncia en junio de 2009 específicamente por la muerte de Aisalla.
En una audiencia en Washington en marzo de este año ante la CIDH, el procurador general de Ecuador, Diego García, pidió a Colombia una investigación imparcial y exhaustiva de los hechos, con el fin de juzgar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales de la «ejecución extrajudicial» de la víctima.
Pidió, además, que Colombia dé reparaciones económicas a los familiares de la víctima y que garantice que no acometerá acciones militares similares.
El actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, era ministro de Defensa cuando ocurrió el bombardeo y hay contra él un proceso abierto en un tribunal ecuatoriano por su papel en esa operación.
En su denuncia ante la CIDH, el Gobierno de Ecuador mantiene que Aisalla falleció en «una ejecución sumaria en territorio ecuatoriano por parte de un Estado extranjero», y según su versión de los hechos pereció por golpes repetidos en la parte posterior de la cabeza.
Por su parte, Colombia dice que el ecuatoriano murió por el bombardeo en sí, puesto que la autopsia indica, de acuerdo con su versión, que sufrió «lesiones por elementos explosivos y penetrantes que comprometieron el cráneo, las estructuras encefálicas y vísceras torácico-abdominales».
Tras el bombardeo, ocurrido el 1 de marzo de 2008, Ecuador rompió relaciones diplomáticas con Colombia, pues lo consideró una violación de su soberanía territorial.
No obstante, la decisión de la CIDH llega en un momento en que ambos países se encuentran en un proceso de acercamiento en el que se prevé el restablecimiento de los vínculos diplomáticos plenos en los próximos meses.