Más de 2.000 aficionados taurinos se concentran en Quito para criticar la posible prohibición de las corridas

Entre 2.500 y 3.000 personas se han manifestado este viernes en Quito para protestar contra una consulta popular que planteará la posible prohibición de los actos públicos en los que se maten animales, según datos de los organizadores de esta marcha, que ha concluido ante el Tribunal Constitucional.

Al acto, además de aficionados taurinos y toreros, han asistido defensores de la peleas de gallos, una actividad que también quedaría prohibida por la votación que promueve el presidente, Rafael Correa, informa la prensa local.

La marcha estaba convocada por la Unión Nacional de Espectáculos Tradicionales Ecuatorianos (Unete) y, ente otros lemas, se ha reclamado «más respeto y libertad para los taurinos». Al término de la manifestación, los líderes de la concentración han entregado un documento en el que exponen que la votación defendida por Correa es inconstitucional.

Un portavoz de los opositores al planteamiento del Gobierno, Milton Calahorrano, ha denunciado en declaraciones a la agencia oficial ANDES que la prohibición de determinadas actividades «atenta contra el derecho al trabajo porque miles de familias viven de esta actividad».

En este sentido, ha explicado que 90.000 familias dependen de la actividad taurina y ha lanzado un llamamiento en aras de «la libertad de elegir». «Porque nadie va a la plaza obligado, es un gusto cultural», ha apostillado.

Con una visión opuesta, la portavoz de la Fundación Protección Animal Ecuador, Lorena Belolio ha indicado que el objetivo de la consulta es adaptar los criterios de una sociedad que toma «medidas para acabar con la violencia».

«Sin embargo, no somos coherentes y respaldamos una violencia sádica, salvaje, que nos lleva a la época del circo romano donde se mataba gente y animales», ha denunciado.

Correa defendió el pasado lunes que la consulta pretende respetar los principios de defensa de la naturaleza contemplados en la Constitución. Asimismo, aclaró que la última palabra sobre las prohibiciones de espectáculos con animales corresponde a las jurisdicciones cantonales.

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