La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, va a presentar oficialmente este martes el Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería de 2009, que tenía que haber entrado en vigor en mayo del año pasado. El texto es fruto de la negociación del Ejecutivo con los sindicatos y la patronal.
Tras una reunión este lunes con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, Terrón ha señalado que presentará el contenido del borrador y que, a partir de entonces, se abrirá un proceso de alegaciones –de unos 15 días– antes de que llegue al Consejo de Estado y, posteriormente, lo apruebe el Consejo de Ministros.
Sobre uno de los aspectos del texto, referido la paralización de la orden de expulsión de las mujeres que en situación irregular denuncien maltrato, la secretaria de Estado ha indicado que este borrador incorpora este asunto porque «es un imperativo de la ley». «Todo lo que la norma prevé lo hemos desarrollado en sus estrictos términos», ha indicado para advertir de que «el ámbito para innovar del Reglamento es cero».
Por su parte, la portavoz de Inmigración del PSOE en el Congreso, Esperanza Esteve, ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que el Reglamento en este sentido es «preventivo» y ha indicado que en el momento en el que una mujer inmigrante maltratada denuncia malos tratos «se le va a dar una orden de protección, se le va a imponer las medidas cautelares, un permiso de residencia y trabajo provisional –que después tendrá un carácter más permanente–, y una documentación que le servirá para protegerla a ella y a sus hijos».
No obstante, ha advertido de que en el caso de que se demuestre de que la denuncia por malos tratos es falsa «se le abrirá a la denunciante un expediente de expulsión para su posterior ejecución», pero, hasta que se demuestre lo contrario, «se le otorgará un permiso de residencia provisional».
Entre los objetivos del futuro Reglamento se encuentra, tal y como ha indicado el Gobierno durante los últimos meses, la puesta en marcha de instrumentos para evitar situaciones de irregularidad sobrevenida por la pérdida del empleo del colectivo de inmigrantes, facilitándoles la renovación de sus autorizaciones de permisos de residencia.
Además, este Reglamento incluirá previsiblemente mecanismos para fomentar y garantizar la movilidad y el retorno voluntario de los extranjeros, clarificará la regulación jurídica de los menores no acompañados, potenciará el carácter concertado de la política de extranjería y mejorará la gestión mediante simplificación normativa y administrativa.
La Ley de Extranjería fue reformada por el Gobierno en el año 2009 y entró en vigor el 1 de enero de 2010 con la previsión expresa de que se desarrollase reglamentariamente durante los seis meses siguientes.
Sin embargo, el cambio en la titularidad de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración en el mes de febrero demoró el proceso, de forma que en primavera el Ministerio de Trabajo e Inmigración anunció que no habría una propuesta hasta después del verano. Cuando llegó el otoño, la iniciativa se emplazó hasta finales de año y después, hasta los primeros meses de 2011.
