Organismos civiles han denunciado, además, que Comunidades Seguras fomenta el perfil racial, la impunidad en los abusos de la policía contra inmigrantes, y que muchos indocumentados omitan denunciar crímenes
Basados en documentos del gobierno federal, organismos civiles denunciaron la falta de transparencia que caracteriza al programa Comunidades Seguras, responsable de la deportación de cientos de miles de personas de territorio estadunidense.
El programa, que según los grupos humanitarios fomenta la impunidad y la violación de derechos civiles de inmigrantes, ha sido la punta de lanza de la estrategia migratoria del presidente Barack Obama, que en dos años ha deportado más gente que nunca en la historia de Estados Unidos.
Desde hace unos meses, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ha asentado que el programa es obligatorio, y que deberá operar en todo el país en el año 2013.
Sin embargo, documentos del gobierno federal conocidos el miércoles pasado mediante una solicitud formal de acceso a la información pública, revelan que la administración establecía al principio que el programa sería optativo para las jurisdicciones en Estados Unidos.
Asimismo, las 15 mil hojas de documentos difundidos por la Red Nacional de Jornaleros, el Centro de Derechos Constitucionales y la Clínica de justicia migratoria Cardozo sugieren que es posible evitar el programa si una jurisdicción tiene el apoyo de su gobierno estatal.
«Es la gran pregunta que existe en torno a este tema y me temo que no tengo la respuesta. Me parece que es posible que las jurisdicciones trabajen con el gobierno estatal para limitar el intercambio de información con otras agencias», expresó Sunita Patel, abogada del Centro de Derechos Constitucionales.
En entrevista con Notimex, Patel explicó que para evitar implementar Comunidades Seguras, una ciudad como Nueva York, declarada refugio de inmigrantes, debe presionar a las autoridades estatales para que ellas indiquen al gobierno federal que una de sus jurisdicciones no se integrará el programa.
Voceros de la ICE, sin embargo, han sostenido en los últimos meses que el programa debe aplicarse sin excepciones, lo que marca un claro cambio en sus condiciones iniciales.
«Yo creo que el gobierno federal dio inicialmente la opción de evitar adoptar el programa, porque era la manera de lograr que muchos estados acordaran sujetarse a él, debido a que se les ofrecía una manera de rechazarlo parcialmente», declaró Patel.
De acuerdo con los grupos que los difundieron, los documentos revelan que la ICE presentó «declaraciones engañosas» al «Congreso, los estados, funcionarios locales y hasta de manera interna».
Según información del gobierno federal, a principios de febrero, Comunidades Seguras operaba en mil ocho de las tres mil cien jurisdicciones que hay en Estados Unidos, en 38 estados de la Unión.
El objetivo es deportar a los inmigrantes que tengan antecedentes criminales en Estados Unidos, por lo que las policías locales comparten información sobre los detenidos en su custodia con la ICE, que revisa su historial.
En parte debido a este programa, el año pasado fueron deportadas 393 mil personas de Estados Unidos, el mayor número de expulsados en la historia, mientras que para 2011 el organismo se ha impuesto la meta oficial de 404 mil deportaciones.
No obstante, de acuerdo con estudio de organismos independiente, 70 por ciento de los individuos deportados no cuenta con antecedentes penales o cometieron sólo faltas administrativas.
Organismos civiles han denunciado, además, que Comunidades Seguras fomenta el perfil racial, la impunidad en los abusos de la policía contra inmigrantes, y que muchos indocumentados omitan denunciar crímenes.
Asimismo, de acuerdo con Patel, no existe ninguna evidencia de que el programa haya reducido el crimen en Estados Unidos, o haya hecho más seguras a las comunidades donde funciona.
Pese a su relevancia para la vida de cientos de miles de personas, la ICE ha optado por mantener un alto de grado de opacidad en torno al programa y sus condiciones de implementación.
«Los correos electrónicos internos muestran cómo las agencias del gobierno manipularon sus respuestas a preguntas hechas por el Congreso, medios de comunicación y legisladores locales. Este nivel de engaño es contrario a las nociones fundamentales de un gobierno transparente», enfatizó Patel.
