Felipe y Marcela Noble Herrera, hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, han autorizado este viernes que su ADN sea cotejado con los datos genéticos de todos los desaparecidos para determinar si son hijos robados a opositores del último régimen militar (1976-1983) y poner fin a casi una década de polémicas.
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo, había ordenado el pasado 2 de junio extraer nuevas muestras de ADN a Felipe y Marcela para compararlas con los archivos genéticos de las personas desaparecidas hasta julio de 1976. Sin embargo, han sido los propios hermanos Noble Herrera los que han anunciado que no apelarán esa decisión y que están dispuestos a que su sangre sea comparada con todos los archivos del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), sin ningún tipo de limitación.
Horacio Silva, abogado de Marcela y Felipe Noble Herrera, ha confirmado este viernes, en declaraciones a Radio Mitre, que sus defendidos han aceptado finalmente acceder a las peticiones judiciales y someter su ADN a las pruebas que ha exigido organizaciones como las Abuelas de la Plaza de Mayo, que reúne a familiares cuyos descendientes fueron robados durante la dictadura.
«Dado el contexto y los padecimientos que han sufrido y sobre todo los efectos que han generado en la salud de su madre y con el sólo objeto de ponerle fin a la causa, han tomado la decisión de hacerse la extracción y han aceptado además que la comparación sea con todas las familias que tengan información genética en el BNDG», ha explicado.
La jueza Arroyo analizaba esta mañana el escrito mediante el cual los dos hermanos anunciaron esta histórica decisión. Se espera que en las próximas horas se conozca la fecha en la que deberán suministrar las muestras que serán comparadas con los datos genéticos de todos los desaparecidos durante el último régimen militar, informa la agencia oficial Télam.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina había declarado inconstitucional la orden de «extracción compulsiva» de muestras de sangre, cabello y saliva a Felipe y Marcela por considerar que violaba sus derechos fundamentales. Tal resolución fue objeto de impugnaciones que prolongaron aún más este proceso que, al parecer, llegará a su fin en unas semanas.
UNA DECADA DE CONFLICTOS
En 2002, las Abuelas de Plaza de Mayo comenzaron una lucha por determinar el origen de los dos hijos de la dueña de Clarín, grupo de comunicación que mantiene en la actualidad fuertes confrontaciones con el gobierno de izquierdas de la mandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pugna que tiene sus orígenes cuando su fallecido esposo, Néstor Kirchner, asumió el poder en 2003.
Sin embargo, desde que las Abuelas de Plaza de Mayo iniciaron las acciones judiciales –al considerar que hay irregularidades en el expediente de adopción– el proceso se ha visto obstaculizado por diversos recursos de apelación y anulación que han llevado el caso hasta nuestros días sin que se conozca la verdadera identidad de los hermanos Noble Herrera.
El caso volvió a salir a la palestra el 28 de diciembre de 2009, cuando la justicia argentina ordenó a Marcela y Felipe entregar muestras de ADN, aún cuando los dos hermanos se habían ofrecido anteriormente a hacerlo pero con la condición de que sus datos fuesen cotejados sólo con los de la familia querellante. Sin embargo, las familias afectadas y las Abuelas de Plaza de Mayo cuestionaron el procedimiento de extracción, lo que obligó a invalidar las muestras dilatando más el conflicto, a pesar de que los peritos aseguraron que todo se había realizado ajustado a la ley.
Desde entonces, las autoridades argentinas han allanado en dos oportunidades las residencias de los hermanos Noble Herrera para buscar más muestras de las que ya se habían ofrecido, hecho que fue calificado por los propios jóvenes como una «persecución» por parte del Gobierno y de algunos medios de comunicación.
SUS ORIGENES
Marcela y Felipe fueron adoptados en 1976, pero, desde hace una década, las Abuelas de la Plaza de Mayo han asegurado que la familia Herrera Noble realizó el trámite de manera ilegal por tratarse de dos niños que fueron apartados de sus padres durante la represión militar.
Según las denuncias, Felipe sería hijo de María del Carmen Gualdero de García, secuestrada en junio de 1976 cuando se encontraba en el noveno mes de gestación. Al parecer, nació en uno de los campos de prisioneros donde tenían recluidos a los disidentes.
Por su parte, Marcela en realidad se llamaría Matilde y sus padres serían Bárbara Miranda de Lanuscou y Roberto Lanuscou, quienes fueron asesinados junto a sus dos hermanos después de que un grupo de soldados asaltaran su vivienda en septiembre de 1976.
Los familiares dicen que la única superviviente de este ataque fue Matilde, que apenas tenía seis meses de vida. Las investigaciones apuntan a que la niña fue sacada de la casa por los militares y llevada a un lugar no precisado donde posteriormente fue adoptada.
