El Gobierno de México ha expresado su satisfacción por la decisión de un juez federal de Estados Unidos de bloquear la aplicación de partes clave de la ley contra la inmigración ilegal de Georgia, al tiempo que ha lamentado la promulgación de una norma similar en Carolina del Sur.
A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana ha celebrado que el juez Thomas Thrash haya emitido una medida cautelar para impedir la aplicación de los preceptos que autorizan a los policías a interrogar a presuntos delincuentes sobre su situación migratoria y que convierten en delito albergar o trasladar a un inmigrante ilegal.
No obstante, también ha lamentado que dicha decisión judicial no suspenda todas las «medidas antiinmigrantes» que contiene la norma, tales como las disposiciones que restringen la aceptación de la matrícula consular como prueba de identidad para las autoridades estatales.
«Estas cláusulas podrían resultar incompatibles con el espíritu de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de la que México y Estados Unidos son parte, así como con disposiciones federales estadounidenses emitidas por el Departamento del Tesoro», ha advertido la SRE, según informa el diario ‘El Universal’.
Asimismo, celebra que Georgia es el cuarto estado norteamericano –después de Arizona, Indiana y Utah– en el que las autoridades federales han frenado la aplicación de las leyes contra la inmigración ilegal aprobadas por las autoridades estatales, al considerar que invaden sus competencias exclusivas sobre la materia.
Por otro lado, el Gobierno de México ha lamentado, a través de un comunicado similar, la promulgación de una ley contra la inmigración ilegal en Carolina del Sur que autoriza a los policías a arrestar a cualquier sospechoso de estar ilegalmente en el país y a interrogar a los presuntos delincuentes sobre su situación migratoria.
En opinión de la SRE, estas disposiciones «podrían afectar a los Derechos Humanos y a los derechos civiles de los mexicanos que habitan o visitan esa entidad». En la misma línea se han pronunciado la Embajada de México en Washington y el Consulado General en Raleigh. «Al promulgarse este texto se ignoran las numerosas contribuciones de la comunidad inmigrante a la economía y la sociedad de ese estado», han señalado.
En este contexto, las autoridades mexicanas han adelantado que asistirán a las manifestaciones de protesta convocadas por diferentes organizaciones estadounidenses para informar a la comunidad inmigrante de todos los recursos disponibles para defender sus derechos, información que se distribuirá también a través de los consulados mexicanos en Carolina del Sur.
De esta forma, el Gobierno mexicano «reitera su compromiso indeclinable de brindar la asistencia y protección que requieran los mexicanos, independientemente de su condición migratoria», sin menoscabo del reconocimiento del «derecho soberano de todos los países a decidir las leyes que deben aplicarse en su territorio».
