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En diciembre de 2008, cuando el Gobierno se resistía aún a reconocer la gravedad de la crisis económica, el entonces ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunció que no se renovaría la moratoria en la libertad de circulación de los trabajadores rumanos y búlgaros.
En la práctica, eso significaba que los ciudadanos de estos dos países podrían ser contratados por cuenta ajena sin necesidad de un permiso de trabajo.
Rumanía y Bulgaria ingresaron en la Unión Europea el 1 de enero de 2007, pero sus tratados de adhesión incluyeron una moratoria de siete años, hasta el 1 de enero de 2014, para que sus nacionales pudieran disfrutar del derecho a la libre circulación de trabajadores.
Tras dos años de moratoria, el Gobierno español decidió renunciar a la misma y adelantar a los rumanos el disfrute de estos beneficios desde el 1 de enero de 2009. Corbacho argumentó entonces que la medida no tendría efectos negativos sobre el mercado laboral.
Cuenta Miguel González en El País que, ahora, con un índice de desempleo del 21,29% de la población activa, el más alto de la UE, el Ejecutivo ha decidido dar marcha atrás y exigir de nuevo el permiso de trabajo para los ciudadanos rumanos
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