El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración para el periodo 2011-2014 cuyo objetivo principal es fortalecer la cohesión social en un nuevo contexto migratorio caracterizado por la reducción de flujos de entrada de inmigrantes.
El Gobierno destaca que este plan viene avalado por un proceso de elaboración basado en el consenso y en la participación de todos los actores implicados en la gestión de la integración.
Así, el Plan Estratégico persigue reforzar, tanto los instrumentos y políticas de integración, como los servicios públicos y de participación, para garantizar el acceso de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad.
En la actualidad, la integración de los inmigrantes es «uno de los retos más importantes que afronta la sociedad española y un pilar básico de la política integral de inmigración» puesta en marcha por el Gobierno desde 2004, junto con la lucha contra la inmigración ilegal, la vinculación de la inmigración legal a las necesidades del mercado de trabajo y la cooperación al desarrollo de los países de origen.
Concretamente, el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014 entiende la integración como un proceso de adaptación mutua y diseña una política basada en acciones que se dirigen a todos los ciudadanos, tanto inmigrantes como autóctonos.
Dicho plan sucederá al que ha estado vigente entre los años 2007-2011 y supone potenciar la política migratoria actual basada en la integración y la normalización de la convivencia en una sociedad diversa.
GESTION DEL CAPITAL HUMANO
De este modo, el plan incluye medidas nuevas que son «necesarias» para dar respuesta a los «retos del futuro inmediato» como son la gestión de la diversidad, el fortalecimiento del capital humano y la igualdad de oportunidades para garantizar la cohesión social.
Según informa el Gobierno, este plan viene avalado por su elaboración en el consenso y en la participación de «todos» los actores implicados en la gestión de la integración.
En su elaboración han participado comunidades autónomas, ayuntamientos, agentes sociales, asociaciones de inmigrantes, organizaciones no gubernamentales y expertos en esta materia del mundo académico.
Finalmente, antes de su redacción definitiva estuvo en proceso de consulta social, abierta a todos los ciudadanos, y se ha sometido a la consideración de los órganos consultivos en materia de integración.
