La pena de muerte, vigente en medio Caribe

Trece de los 25 países que integran el Gran Caribe mantienen la pena de muerte para delitos comunes en su legislación y han practicado ejecuciones durante los últimos 10 años.

Según datos de Amnistía, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Cuba, Guatemala, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago pueden considerarse �retencionistas�, ya que han llevado a cabo condenas a muerte en la última década.

Granada y Surinam son �abolicionistas en la práctica� (conservan la pena de muerte para delitos comunes pero llevan más de 10 años sin aplicarla), mientras que El Salvador solo recoge esta condena en su legislación militar y en circunstancias excepcionales como la guerra.

Por tanto, solo nueve estados (México, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Haití y Panamá) han eliminado esta práctica de su legislación.

Once naciones caribeñas votaron en contra de la resolución a favor de una moratoria en la aplicación de esta condena que aprobó Naciones Unidas en 2010, y otros tres se abstuvieron.

Así, Jamaica, Antigua y Barbuda, Guyana, Barbados, Bahamas, Granada, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Belice, San Vicente y las granadinas y San Cristóbal y Nevis rechazaron apoyar esta petición.

Aunque los países más grandes y poblados han abolido la pena de muerte, llama la atención el alto número de estados que aún recogen esta condena dentro de la región.

Este será el principal tema de análisis durante el primer congreso internacional sobre la pena de muerte en los países del caribe, que se celebrará del 17 al 19 de octubre en Madrid.

Organizado por la comunidad de San Egidio, su objetivo será evaluar la situación de la pena capital en la zona, a fin de acelerar su abolición.

Contará con la participación de expertos de ONG, juristas y académicos, que intentarán promover una red caribeña contra la pena de muerte.

Entre otros, han confirmado su asistencia Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Comisión Internacional Contra la Pena de Muerte; Zaved Mahmood, representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y la baronesa Vivien Stern, miembro de la Cámara de los Lores Británica y defensora de la abolición de la pena capital en los países de la Commonwealth.

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