PP y PSOE abordarán en los próximos meses una nueva reforma de la ley electoral con el fin de aumentar la participación de los españoles residentes en el extranjero en los comicios generales y autonómicos, después del notable descenso que ha acarreado la introducción del llamado voto rogado.
La obligación de los censados en el exterior de comunicar personalmente su voluntad de ejercer el sufragio como paso previo a recibir las papeletas fue una medida que se incorporó a la ley a comienzos de 2011 para garantizar la identidad del elector y evitar manipulaciones.
PP y PSOE se han replanteado la idoneidad del voto rogado a la vista de las quejas de los colectivos de emigrantes por lo complicado del procedimiento y de la elevada abstención registrada en los distintos comicios celebrados en el último año.
El director del PP en el Exterior, Alfredo Prada, y la secretaria de Emigración del PSOE, Carmela Silva, han iniciado ya conversaciones para intercambiar ideas sobre cómo incentivar el sufragio de los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
En las elecciones autonómicas celebradas en mayo del pasado año y en las generales del 20 de noviembre, pidieron votar un 10%, pero solo la mitad lograron remitir a tiempo la papeleta, debido a lo ajustado de los plazos y a los retrasos en la recepción de la documentación.
En los últimos comicios en Andalucía, votó el 7,1%, y en Asturias, se tocó fondo con una participación de solo el 3,3% de los residentes en el exterior.
«Estos datos marcan una tendencia de muy escasa participación. Hay que buscar una fórmula que simplifique el sistema. El voto rogado ofrece garantía y seguridad jurídicas, pero es complicado y complejo», admite Prada.
La propuesta del PP
La fórmula por la que se inclinaría el PP sería suprimir el voto rogado para quienes depositen las papeletas en las urnas de los consulados y mantenerlo para los que lo cursen por correo.
«Así votarían en igualdad de condiciones que los residentes en España», opina Prada, al recordar que el voto por correo en territorio nacional también requiere un trámite previo.
El dirigente del PP cree conveniente además explorar las oportunidades que ofrecen las vías telemáticas de voto empleadas ya por otros países.
La opción del PSOE
El PSOE, en cambio, optaría por eliminar en todos los casos la obligación de comunicar el deseo de votar, como se acordó en su último congreso federal.
Según Carmela Silva, la solución pasa por favorecer el voto en urna en los consulados y que los residentes en el exterior tengan su propia circunscripción electoral, en vez de estar distribuidos entre las 50 actuales.
La responsable socialista de Emigración subraya que todos los cambios que se hagan deben ser «muy rigurosos» y dirigidos a fomentar la participación, sin menoscabar la transparencia y las garantías del voto. «No podemos volver a cometer errores», señala Silva, quien rechaza fijar plazos para acometer la reforma de la ley.
La pretensión de PP y PSOE es extender el diálogo a otros partidos, a sus agrupaciones en el extranjero, a expertos y a foros sociales para lograr el mayor consenso posible.
