Las organizaciones creen que el Gobierno viola los derechos humanos de los inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla
El Gobierno Rajoy ha aprobado este viernes, 25 de abril de 2014, destinar 2,1 millones para reforzar las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, ante la continua presión migratoria que sufren ambas ciudades españolas del norte de África.
Tras los saltos masivos a las alambradas de principios de año, el Ejecutivo anunció que iba a recrecer la barrera fronteriza con las llamadas «mallas antitrepa», una rejilla metálica en la que es casi imposible colar los dedos y, por lo tanto, escalar.
El anuncio de la partida presupuestaria se produce al día siguiente del último intento de entrada masivo en Melilla, en el que 21 inmigrantes lograron penetrar en la ciudad autónoma tras un bronco forcejeo con policías y guardias civiles.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avanzado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que en la reunión se ha aprobado realizar obras para el refuerzo de las vallas de Ceuta y Melilla utilizando el proceso de urgencia.
«Verán referencia en el Consejo de Ministros de los procesos de declaración de emergencia para el proceso de refuerzo de esas vallas, como nos han aconsejado las fuerzas y cuerpos de seguridad».
La vicepresidenta ha afirmado que este es uno de los ejes en que trabaja el Gobierno frente a los saltos en grupo de inmigrantes registrados en los últimos meses, junto a la promoción de la colaboración en el marco de la UE y de la cooperación con los países de origen y tránsito de las migraciones, «un elemento clave».
«Lo que debemos hacer es reforzar los principios de máxima legalidad en la entrada y máxima integración en la permanencia, una lucha en el conjunto de la Unión Europea contra las mafias y desde luego, en esa cooperación internacional que el presidente del Gobierno en todos los consejos europeos ha planteado».
En Melilla ya existen en algunos tramos estas mallas. Consisten en unas planchas de alambre de acero de 1,4 milímetros de diámetro, con cuadrículas de 1’3 por 1’3 centímetros.
LAS OBRAS Y SU COSTE
La referencia del Consejo de Ministros precisa qué se va a hacer para reforzar las vallas de Ceuta y Melilla.
- Eliminación del fleje abatible en la parte superior del vallado exterior de Melilla.
- Suministro e instalación de malla antitrepa en el lado exterior de las vallas interior y exterior del perímetro fronterizo de Melilla en una extensión de 15.052 metros lineales.
- Suministro e instalación de malla antitrepa en el lado exterior de las vallas interior y exterior del perímetro fronterizo de Ceuta en una extensión discontinua de 7.450 metros.
- Obras de instalación de rejas hidráulicas bajo el Puente El Tarajal, sobre el arroyo de Las Bombas, para impedir el paso de personas por ese punto.
- El coste de cada una de las actuaciones es el siguiente:
- Eliminación del fleje abatible (Melilla): 61.560 euros.
- Suministro e instalación de malla anti trepa (Melilla): 1.252.800 euros.
- Suministro e instalación de malla anti trepa (Ceuta): 286.200 euros.
- Instalación de rejas hidráulicas bajo el Puente El Tarajal (arroyo de Las Bombas): 500.500 euros.
- Asistencia técnica de las citadas actuaciones: 10.400 euros.
- Las obras han sido presupuestadas en 2,111 millones, de los que 1,318 millones se destinarán a Melilla y 792.940 euros, a Ceuta.
LAS ONG ESPAÑOLAS DENUNCIAN A ESPAÑA
«Este escrito describe las serias violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en las fronteras de Ceuta y Melilla».
Con estas contundentes palabras arranca la queja enviada por un grupo de 14 ONG a la Comisión Europea (CE) para que investigue las devoluciones en caliente de inmigrantes en las vallas de las dos ciudades del norte de África.
El requerimiento -rubricado por organizaciones como Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Médicos del Mundo- denuncia expulsiones colectivas que vulneran las convenciones internacionales firmadas por España.
Las ONG utilizan dos argumentos principales para pedir a Bruselas su intervención.
Primero, estas recalcan que el Ministerio del Interior, a través de las fuerzas de seguridad, está procediendo a expulsiones colectivas en las que no se garantiza el derecho de los extranjeros a pedir asilo.
Y, segundo, que «se les devuelve a Marruecos, un país donde su vida e integridad corre peligro, como han acreditado numerosos informes sobre la situación de los subsaharianos allí», explica Nuria Díaz, abogada de CEAR.