La campaña para recoger fondos para la campaña electoral de las elecciones europeas de 2014, en las que irrumpieron en la política española, no está recogida en la ley
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha señalado que la colecta ciudadana organizada por Podemos en Internet (crowfunding) para conseguir fondos para la campaña electoral de las elecciones europeas de 2014, en las que irrumpieron en la política española, no está recogida en la ley, pero cree que por ese vacío legal tampoco se puede sancionar a dicha formación política, como reclamaba el PP.
Álvarez de Miranda ha presentado ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) del Tribunal de Cuentas el informe de fiscalización de los gastos electorales de los partidos políticos en las europeas de 2014, que fue el primer examen realizado por la institución a la contabilidad de Podemos.
«Deficiencias» e «incoherencias»
En ese informe, el Tribunal de Cuentas detectó «deficiencias» e «incoherencias» en la contabilidad electoral de Podemos y apreció un «descuadre» entre los recursos declarados y los gastos electorales contraídos.
Podemos declaró haber recibido aportaciones por valor de 114.365,75 euros, que se corresponden con múltiples pequeños ingresos procedentes de personas físicas y jurídicas que el partido gestionó en su mayor parte a través de una plataforma de financiación colectiva o ‘crowdfunding’.
Eso sí, el Tribunal de Cuentas detectó que casi la mitad de ese dinero no contó con la completa identificación de los donantes que requiere la ley: hubo 57 ingresos por un importe de 886,12 euros que incumplieron completamente la Ley Electoral por no contemplar ninguno de los requisitos de identificación que la norma requiere (nombre, DNI y domicilio), y otros 48.261,47 euros donde faltó alguno de esos requisitos legales.
La formación de Pablo Iglesias alegó problemas en el diseño del software de la plataforma de ‘crowdfunding’ y se mostró dispuesta a destinar dichas donaciones a la finalidad que el Tribunal establezca. El órgano fiscalizador dio por buenas las explicaciones y no vio motivo alguno para sancionar, pero aconsejó mejorar la aplicación informática para ajustarse a los requisitos fijados en la ley.
