El publicista de 52 años José Luis Fernández Martín, de doble nacionalidad venezolana y española (natural de Albacete), forma parte de los 77 presos políticos cuya liberación demandan los líderes opositores Leopoldo López y el ex alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, que están en huelga de hambre desde el 23 de mayo en diferentes cárceles de Venezuela.
Lleva 15 meses encarcelado en el infierno de Uribana, una de las prisiones de mayor peligrosidad, hacinamiento y violencia, situada al norte de Barquisimeto, capital de Lara, en el centro occidente del país.
LLORÓ
Su abogada Marlid Tortolero declaró a la prensa española que su defendido lloró y dijo estar cansado del horror carcelario cuando le anunció que pronto finalizará el juicio de vista y se dictará sentencia haciendo justicia a su inocencia.
Y todo, según informa Ludmila Vinogradoff en ‘ABC’, por socorrer en su vehículo a unos jóvenes estudiantes que estaban huyendo de la policía durante las protestas que se produjeron contra el gobierno de Nicolás Maduro en febrero de 2014. Fernández fue entonces detenido arbitrariamente en la ciudad de San Felipe, capital de Yaracuy.
Su mujer, Yolanda Lara, también fue detenida, aunque fue finalmente fue deportada a España tras pasarse varios meses en un calabozo.
El juicio del marido comenzó en Nirgua, Yaracuy, y cuando estaba a punto de concluir fue trasladado en febrero pasado a la cárcel de Uribana, en el estado Lara, lo que suponía alargar el proceso y empezar de nuevo.
CONDENA EN CIERNES
Fernández se enfrenta a una condena de entre 18 y 20 años de prisión por instigación a la desobediencia civil y ocultamiento de armas de fuego en la modalidad de explosivo, una acusación «injusta», según su abogada Marlid Tortolero, ya que la pólvora hallada en su casa es legal en Venezuela.
«Es una pólvora para pirotecnia, que él usaba para hacer botes de humo artificiales para el parapente, para hacer señalizaciones».
La abogada Tortolero ha declarado a «La Tribuna de Albacete» que el juicio comenzó en septiembre y se han realizado unas dos audiencias por mes. En la apertura del juicio se solicitó la nulidad de la acusación por incumplimiento de formalidades esenciales, ya que el delito más grave, la tenencia de explosivos, está fundamentado en hechos que no revisten carácter penal pues la pólvora negra es de uso lícito en el país. Además pidió la libertad bajo medida cautelar, pero fue denegada.
Posteriormente declararon los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que según Tortolero, dejaron claro el tipo de pólvora que tenía en la casa y que la vivienda estaba en construcción, lo que justifica la tenencia de los otros objetos sospechosos, como mangueras y clavos.
Sucesivamente se fueron incorporando pruebas documentales y testimoniales que, en palabras de la letrada, «determinaron que José Luis no estaba protestando donde fue detenido la primera vez, que su casa se encontraba en construcción y que el uso de pólvora negra está permitido y además de su comercialización hasta 50 kilos».
Para la finalización del juicio falta la declaración de los tres funcionarios que examinaron la camioneta del albacetense, que siempre ha negado que se manifestara contra Maduro y que dijo que cuando salían de un centro comercial se subieron en su vehículo cuatro personas que sí protestaban. Por ello, la letrada cree que la vista finalizará entre el 22 de junio y el 7 de julio.
En cuanto al resultado del proceso, la letrada se mostró optimista.
«Confío en la justicia venezolana particularmente en este caso, pues hemos oído testimonios que no determinan su participación en hechos que revistan carácter penal.
Según creo se declarará la absolución de todos los cargos y por consiguiente su libertad. El ánimo y la fe no la perdemos a pesar de las circunstancias y confiamos en ganar esta batalla».
