Hace unas horas se pudo palpar en la ONU lo que va a ser el nuevo tono de la Argentina de Alberto Fernández respecto de los derechos humanos en América Latina.
En una breve intervención, el embajador Carlos Mario Foradori, representante permanente extraordinario y plenipotenciario ante ese organismo, cuestionó las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen chavista:
“Agradecemos a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos la actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Argentina apoya la intervención conjunta pronunciada minutos atrás por el Perú en nombre de un conjunto de países proponentes y copatrocinadores de la resolución 42/25. Al respecto, mi país desea manifestar que nuestra preocupación debe incorporar la dimensión de los derechos económicos, sociales y culturales. En tal sentido el impacto de las sanciones económicas, comerciales y financieras sobre la economía venezolana es indubitable teniendo efectos concretos sobre la población más vulnerable. Muchas gracias, señor presidente”.
De esta forma, la Argentina sólo apoyó la declaración manifestada por Perú, a nombre de un grupo de países miembros del Grupo de Lima, pero no la suscribió.
La resolución a la que hace referencia Foradori es la que lleva fecha de septiembre de 2019 en la que se relatan las atrocidades que comete el régimen conducido por Maduro. En rigor, todos los informes de Bachelet hicieron mención al impacto que las sanciones económicas contra miembros del régimen podrían tener sobre la economía de la dictadura.
“Una vez más escuchamos la descripción de las innumerables violaciones y abusos de derechos humanos que se cometen diariamente en Venezuela y la grave situación de millones de personas en ese país. La aguda crisis social, política y humanitaria desencadenada hace varios años ha llevado a que más de 4.6 millones de personas hayan dejado su país en los últimos cuatro años y que miles lo sigan haciendo”, dijo la embajadora Silva Elena Alfaro Espinosa de Perú en una declaración mucho más contundente.
El informe de Bachelet renovado
Bachelet presentó este miércoles una actualización de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Pidió la libertad del diputado Juan Requesens, informó que su oficina logró visitar a más de 70 personas encarceladas por el régimen de Maduro y estableció nueve áreas de cooperación técnica con instituciones del gobierno. También afirmó que su oficina ha seguido documentando presuntas ejecuciones extrajudiciales de las FAES.
“En los últimos tres meses mi oficina ha realizado nueve visitas a centros de detención gestionados por el Ministerio de Servicios Penitenciarios y el Ministerio de Defensa. El equipo logró entrevistar de manera confidencial a más de 70 personas privadas de libertad. Agradezco la cooperación de ambos ministerios y reitero la solicitud de visitar los centros de detención de los servicios de inteligencia civil y militar en el corto plazo”, señaló.