Once personas desaparecieron durante un operativo de noviembre de 1985, que tenía como objetivo arrebatarle el control del Palacio de Justicia de Bogotá a un comando del movimiento guerrillero M-19
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, reaccionó a la histórica condena de un ex coronel del ejército, declarado culpable por la desaparición forzada de once personas, proponiendo una ley especial para proteger a los militares.
«El gobierno invita a los órganos del Estado y a todos los colombianos a pensar en una legislación que rodee de garantías a las fuerzas armadas, en el marco de su debida eficacia y absoluto respeto a los derechos humanos», dijo el mandatario en un mensaje transmitido por radio y televisión.
Uribe advirtió, además, que la condena en contra del coronel Alfonso Plazas estaba generando «profundo dolor y desestímulo en los integrantes» del ejército.
También instó a no olvidar que la acción militar bajo escrutinio se había dado en respuesta a «un delito de lesa humanidad cometido por la alianza perversa entre el narcotráfico y una de las guerrillas de la época».
Al menos once personas desaparecieron durante un operativo de noviembre de 1985, que tenía como objetivo arrebatarle el control del Palacio de Justicia de Bogotá a un comando del movimiento guerrillero M-19.
El operativo se saldó con más de un centenar de muertos y numerosos desaparecidos, en su mayoría empleados y visitantes de la cafetería de la sede judicial.
Estos últimos -que varios videos mostraron saliendo con vida del Palacio de Justicia una vez concluido el operativo- se convirtieron en un caso emblemático para las organizaciones defensoras de los derechos humanos en el país, que celebraron la condena del miércoles como una «fallo histórico» que estaba rompiendo con «años de impunidad».
Los cálculos más conservadores estiman que en Colombia se han producido cerca de 20.000 desapariciones forzosas en los últimos 30 años.
También SantosEl llamado del presidente Uribe fue retomado luego por el candidato oficialista a la presidencia, Juan Manuel Santos.
En el primer debate entre los dos postulantes que se disputarán la silla presidencial el próximo 20 de junio, Santos afirmó que los jueces civiles a veces no entendían «las reglas» de la disciplina militar y las situaciones de «enfrentamiento».
Según el candidato del Partido de la U, eso hace que. aun aplicando la ley, los magistrados en ocasiones sean «muy injustos» en sus fallos contra los efectivos.
Durante el debate, Santos defendió a la necesidad de una legislación especial que proteja a las fuerzas armadas, aunque admitió que había que fortalecer y reformar la justicia militar para devolverle «la credibilidad perdida».
Por el contrario, su rival en la segunda vuelta electoral, Antanas Mockus, calificó como «afortunado» el hecho de que los efectivos «que incumplan con su deber y cometan atrocidades ya sean juzgados por la justicia civil e incluso internacional».
«El fin no justifica los medios», dijo el candidato del Partido Verde.
Preocupación
Fue un fallo de la Corte Constitucional de 1997 el que determinó que las denuncias de violaciones de derechos humanos que implicaban a miembros de sus fuerzas de seguridad no correspondían al fuero militar, sino que debían ser investigadas por la justicia ordinaria.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) se declaró sumamente preocupada por la propuesta del presidente Uribe.
«No hay detalles de que forma tomará este intento, pero sería un serio retroceso en los pequeños avances que se han conseguido en la lucha contra la impunidad en Colombia», le dijo a BBC Mundo Marcelo Pollack, investigador principal de AI para Colombia.»No hay que olvidar que la impunidad es la columna vertebral de las violaciones de derechos humanos», añadió.
Pollack también lamentó el tono de las críticas a la jueza que emitió el fallo, el que -en su opinión- está contribuyendo a la creación de un clima cada vez más hostil contra un sistema de justicia que ya ha sido objeto de numerosas amenazas.
Y advirtió que cualquier intento del gobierno por debilitar a la justicia ordinaria iría en contra de sus obligaciones internacionales.
«La justicia penal militar no tiene nada que hacer en casos de violaciones de derechos humanos. Esto lo reconoció el fallo de la Corte Constitucional y es también la norma internacional», explicó Pollack.
Así las cosas, este debate seguramente ocupará un lugar destacado en la campaña electoral en curso.
Y el caso del Palacio de Justicia también continuará dando de qué hablar: dos generales y un coronel en retiro aún están siendo investigados por la justicia ordinaria en relación con las desapariciones.
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