Gobierno, juristas, legisladores y organizaciones de la sociedad civil unieron hoy sus voces para exigir a los miembros de la comisión que deberá elegir a los candidatos a fiscal general de Guatemala, a que «se inhiban» de participar en el proceso y deleguen su representación.
«Esperaría que los comisionados reflexionen» y se inhiban de integrar la Comisión de Postulación, dijo a los periodistas el presidente del país, Álvaro Colom, porque, argumentó, debido a que ya emitieron opinión en el proceso anterior será «muy difícil» que sean objetivos en la nueva elección.
El jueves, en una decisión «histórica» la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal de este país centroamericano, suspendió la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público, luego de que el designado en ese cargo, Conrado Reyes, fuera señalado de tener vínculos con el crimen organizado.
El jurista español Carlos Castresana, al anunciar el pasado lunes su renuncia a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, acusó a Reyes de representar los intereses de grupos criminales, y pidió a Colom que lo destituyera, con lo que provocó una crisis política que debió ser resuelta por el máximo tribunal.
El fallo de la CC, además de dejar sin efecto todo lo actuado por Reyes durante las dos semanas que estuvo al frente de la Fiscalía, ordenó hacer un nuevo proceso para elegir a su sustituto, y designar a un fiscal general de forma «interina».
Para garantizar la transparencia en la elección del nuevo fiscal general, la CC «sugirió» a los miembros de la Comisión de Postulación «inhibirse» de participar en el nuevo proceso, y que las instituciones que representan designen a sus sustitutos.
La Comisión de Postulación está integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia,-quien la lidera-, el presidente del Colegio de Abogados de Guatemala, el presidente del Tribunal de Honor de ese colegio, así como los decanos de las facultades de derecho del país.
De los doce académicos y juristas que integran esa comisión, hasta el momento, sólo tres han aceptado inhibirse, cuatro han asegurado que no lo harán, y los restantes cinco indicaron que esperaran a que la CC «aclare y amplíe» el fallo en el que ordena realizar un nuevo proceso.
La diputada Rosa María de Frade, del opositor bloque Guatemala, dijo a los periodistas que los comisionados se deben inhibir para «refrescar» el nuevo proceso de elección.
Mientras que la premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena Rigoberta Menchú, hizo una llamamiento a la «honorabilidad» de los miembros de la comisión y se abstengan de participar, para darle confianza al proceso.
La Comisión de Postulación deberá convocar en las próximas horas a los juristas guatemaltecos interesados en dirigir el Ministerio Público a presentar sus candidaturas.
Del total de aspirantes, los comisionados deberán elegir a los seis abogados que consideren sean los más idóneos para ocupar el cargo, de los que sacarán una terna que entregarán al presidente Colom para que elija de entre ellos al nuevo fiscal general.
El mandatario aseguró que esta vez tomará en cuenta las opiniones de las organizaciones sociales para elegir a un fiscal de consenso.
