La presidenta de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Cilia Flores, acusó hoy al Gobierno saliente de Colombia del presidente Álvaro Uribe de atacar a su país como «estrategia para tratar de tapar el genocidio de La Macarena».
Colombia denunció el pasado 22 de julio ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la presencia de guerrilleros colombianos en Venezuela supuestamente con el aval del Gobierno del presidente Hugo Chávez, quien frente a ello y tras negar la denuncia decidió ese mismo día la ruptura de las relaciones diplomáticas.
Ese mismo día, vecinos de La Macarena (sur de Colombia) denunciaron la existencia de una fosa común con restos de centenares de personas cerca de un batallón del Ejército en esa población, aunque la Cancillería indicó que, según investigaciones de la Fiscalía, no existen señales de su existencia.
El canciller colombiano, Jaime Bermúdez, afiemó hoy que su país tiene más pruebas que no ha difundido de la supuesta presencia de guerrilleros en Venezuela, a lo que Flores, afín a Chávez, comentó a los periodistas que Bermúdez busca «tapar el genocidio cometido por el actual Gobierno de ese país».
Uribe entregará el próximo sábado el cargo a su sucesor, Juan Manuel Santos, a quien «creo que el mundo le está pidiendo que se haga justicia y que se recompongan las relaciones entre Colombia y Venezuela», añadió la presidenta de la AN.
«El Gobierno de Uribe se va fracasado del poder al no lograr la paz de Colombia» y «agravó más la situación» con los países vecinos, añadió.
El congresista colombiano Iván Cepeda, uno de los principales activistas del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), señaló el 22 de julio que además de la denuncia de los vecinos de La Macaranea había un informe de la Procuraduría sobre «la existencia de ese cementerio».
En ese informe, aseguró Cepeda, se habla de «2.000 personas que estarían supuestamente enterradas», pero hay otras versiones que indican que hay una cifra mucho menor, «hablan de 400 personas».
La Macarena era uno de los cinco municipios que el ex presidente colombiano Andrés Pastrana desmilitarizó entre 1999 y 2002 en el sur de Colombia para realizar unas negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que fracasaron.
