Identifican grupo criminal que operaba en Ministerio de Interior de Guatemala

Identifican grupo criminal que operaba en Ministerio de Interior de Guatemala
. EFE/Archivo

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) reveló hoy la existencia de una estructura criminal dirigida por las altas autoridades del Ministerio del Interior de este país entre 2004 y 2007, responsable de varias ejecuciones extrajudiciales de reos, entre otros delitos.

La Cicig señaló en un comunicado que seis personas detenidas ayer y otras doce que están pendientes de captura «forman parte de una organización criminal que se conformó desde el Ministerio de Gobernación (Interior) y de la Policía Nacional Civil (PNC) desde 2004, dedicadas a las ejecuciones extrajudiciales de privados de libertad».

«Esta estructura prosiguió con una actividad criminal continuada en delitos de asesinatos, tráfico de drogas, lavado de dinero, secuestros, extorsiones y robos de droga entre otros», aseguró la Cicig.

A petición de esa comisión de las Naciones Unidas, ayer fueron detenidos los ex agentes de la PNC Francisco González y Víctor Ramos, y el oficial en activo de esa institución Edwin Enmanuel Rivera, señalados de la ejecución de tres reos en 2005.

También fueron capturados Mario García, Oscar Díaz y Aldo Figueroa, señalados de participar en la ejecución de siete reos en septiembre de 2006, en el interior de la Granja Penal de Pavón, situada al este de esta capital.

Por este caso también está detenido desde hace varias semanas el ex policía Axel Martínez.

Aunque la investigación de estos hechos se encuentra bajo «reserva judicial» a petición de la Fiscalía, fuentes judiciales aseguraron que también han sido giradas órdenes de captura en contra del ex ministro del Interior Carlos Vielman, del ex director de la PNC Erwin Sperisen y del ex subdirector del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Javier Figueroa.

Todos ellos fueron funcionarios durante el Gobierno del conservador Óscar Berger (2004-2008), y serían los responsables de dirigir esta estructura criminal.

Figueroa salió de Guatemala desde marzo de 2007 y estaría en un país europeo no identificado, mientras que Sperisen salió hace tres años hacia Suecia y Vielman, según la prensa local, viviría en España.

El ex director del Sistema Penitenciario Alejandro Giammattei, también implicado en la ejecución de siete reos durante la operación «Pavo Real», en 2006, y contra quien se giró la orden de captura ayer, se encuentra refugiado desde la semana pasada en la embajada de Honduras en Guatemala, aduciendo amenazas y persecución política.

La Cicig sostiene que la organización «ejecutaba sus acciones bajo un patrón de conducta sistemático en los casos que se le atribuyen y que son materia de otras investigaciones».

En 2005, precisó la comisión, la organización ejecutó el «Plan Gavilán», mediante el cual ejecutó a tres reos que se habían fugado de una prisión de máxima seguridad ubicada en la costa sur del país.

Mientras que el 25 de septiembre de 2006, cumpliendo órdenes superiores, «miembros de la estructura planificaron e ingresaron a la Granja Penal de Pavón junto con otros funcionarios de la PNC, Ejército y del Sistema Penitenciario, a fin de retomar el control del centro de reclusión que estaba bajo control de los internos». añade.

Ese operativo, según la Cicig, se realizó con el objetivo de «ejecutar» a los siete reclusos que controlaban el tráfico de drogas, extorsiones, secuestros y demás actividades delictivas originadas desde esta prisión.

La ejecución de los siete presos fue denunciada en diciembre de 2006 por el Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, luego de una investigación que hizo sobre la operación «Pavo Real», y el caso llegó a la Cicig para su investigación, en noviembre de 2008.

La Cicig es una instancia de las Naciones Unidas, única en su género, que inició operaciones en septiembre de 2007, con el objetivo de colaborar con Guatemala en desmantelar a las estructuras criminales y «poderes paralelos» incrustados en las instituciones del Estado para procurar impunidad.

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