La muerte de un huelguista venezolano genera un cruce de acusaciones entre el Gobierno y la oposición

La muerte de un huelguista venezolano genera un cruce de acusaciones entre el Gobierno y la oposición
. EFE/Archivo

La muerte del agricultor Franklin Brito, que cumplió varias huelgas de hambre en protesta contra el Gobierno venezolano por la propiedad de unas tierras, suscitó hoy un cruce de acusaciones entre el Ejecutivo y la oposición.

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) afirmó hoy que Brito «falleció siendo víctima de las atropellantes políticas agrarias del Gobierno», mientras desde el Ejecutivo se señaló que el productor fue «utilizado en su buena voluntad» para fines políticos y que eso había «llegado a poner en riesgo su vida».

Brito, de 49 años, falleció el lunes por la noche en el Hospital Militar de Caracas a causa de un «shock séptico», según afirmó su viuda, Elena de Brito, a la cadena privada de noticias Globovisión.

La hija del productor rural, Ángela Brito, fue mucho más allá y responsabilizó «directamente» de la muerte de su padre al presidente Hugo Chávez en declaraciones a la emisora colombiana RCN.

Según la hija, Brito estaba «contra su voluntad» en el hospital militar, donde de acuerdo con sus palabras era «torturado» y su salud empeoró, y las autoridades no atendieron las medidas cautelares dictadas para protegerlo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El diario El Universal de Caracas difundió hoy datos de la autopsia, según los cuales la causa de la muerte de Brito fue un «shock séptico» que se sumó a «un paro respiratorio» derivado de la «desnutrición proteica-calórica» que padecía.

Los familiares y amigos del productor asistieron esta tarde al velatorio de Brito, cuyo cuerpo fue entregado a sus deudos de acuerdo con los medios locales.

El productor y biólogo realizó desde julio de 2009 sucesivas huelgas de hambre y sed, primero para protestar por una expropiación de unas tierras en el estado sureño de Bolívar que el Gobierno niega que se haya producido, y luego porque decía que la medida fue anulada pero no le habían entregado títulos legales de propiedad.

En más de una ocasión expresó estar «dispuesto a llegar hasta lo último» con tal de que sus derechos fueran respetados.

En la última entrevista que ofreció a medios locales, el 27 de junio pasado, retransmitida hoy por la cadena privada de noticias Globovisión, reiteraba que su única exigencia a las autoridades era que se legalizara la decisión oficial de devolverle sus tierras.

«Me regresan el terreno en físico pero no me lo regresan desde el punto de vista legal (…) me ofrecen una indemnización (…) pero sin soporte legal», declaró entonces el ahora fallecido productor a la cadena privada Radio Caracas Televisión (RCTV).

El Gobierno aseguró hoy que «nunca se planteó la expropiación de los predios» de Brito y que así se hizo creer por parte de los medios de comunicación privados para politizar el caso y culpar al Estado de lo que le pasara al productor.

El Ejecutivo «entregó la titularidad de 290,20 hectáreas de tierras productivas del fundo La Iguaraya, ubicado en el estado Bolívar», afirmó la estatal Agencia de Venezolana de Noticias (AVN) en un resumen del caso de Brito.

La agencia también citó que en el 2007 la Sala Constitucional del Supremo falló que «no existían los elementos alegados por el ciudadano en cuanto al solapamiento de tierras y violación de propiedad».

El presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI), Juan Carlos Loyo, dijo hoy que «los organismos del Estado desplegaron las acciones necesarias para tratar de preservar la vida del productor agropecuario», según informó la AVN.

Sostuvo que el productor habría sido «utilizado en su buena voluntad» para fines políticos por parte de sectores opositores, y que eso había «llegado a poner en riesgo su vida».

Portavoces de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) afirmaron hoy, por su parte, que Brito «eligió la vía de la huelga de hambre para tratar de hacer valer sus derechos, y en lugar de ser escuchado (…) fue reprimido y sometido a la jurisdicción de un tribunal penal, como si estuviera cometiendo un delito»,

Así lo señaló la dirigente opositora Delsa Solórzano, en nombre de la Mesa, según un comunicado oficial.

Por otra parte, la coalición de organizaciones humanitarias Foro por la Vida culpó al Estado venezolano por la muerte de Brito, con el argumento de que las autoridades «estimularon permanentemente la impunidad» en el caso «haciendo uso desmedido de su poder para tratar de doblegarlo en sus justas peticiones».

El Foro, que agrupa a casi una veintena de organizaciones defensoras de los derechos humanos, acusó a la Fiscalía y la Defensoría de «no garantizar una investigación imparcial» y de «ser cómplice de actos violatorios de la dignidad» del productor, respectivamente.

«Tras una lucha de más de seis años, más de ocho huelgas de hambre, la mutilación de un dedo y haber sido víctima de una irregular privación de libertad, el cuerpo de Franklin Brito dejó hoy de realizar funciones vitales», señala un comunicado de la familia.

«Todo esto no significa, sin embargo, que Franklin Brito ha muerto. Franklin vive en la lucha del pueblo venezolano por el derecho a la propiedad, el acceso a la justicia, por la vida en libertad y el respeto de los Gobiernos a los derechos humanos, colectivos e individuales», subraya el comunicado.

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