La Corte Internacional de Justicia le ordenó este martes a Nicaragua y a Costa Rica abstenerse de enviar a sus fuerzas de seguridad a la disputada zona fronteriza entre ambos países
La Corte Internacional de Justicia le ordenó este martes a Nicaragua y a Costa Rica abstenerse de enviar a sus fuerzas de seguridad a la disputada zona fronteriza entre ambos países, satisfaciendo así una de las principales demandas del gobierno costarricense.
El tribunal, sin embargo, también determinó que no se podía demostrar que las labores de dragado que Nicaragua realiza en el vecino río San Juan estén provocando daños ambientales, como afirma Costa Rica, por lo que ordenó que no se suspendan los mismos, tal y como también pedían los costarricenses.
A la corte aún no le tocó pronunciarse sobre el fondo de la disputa: la soberanía de un pequeño humedal ubicado cerca del río, que ambas naciones reclaman como propio.
Pero tanto en Managua como en San José los gobiernos de ambos países presentaron el fallo como una victoria.
Sin sorpresas
Por lo pronto, ni la sentencia del principal órgano judicial de Naciones Unidas, ni la reacción de ticos y nicas, son motivo de sorpresa.
A lo largo de sus 66 años de existencia la Corte Internacional de Justicia de La Haya ha dictado muchas y muy importantes sentencias.
Pero aunque sus fallos son vinculantes, finales y sin posibilidad de apelación, y la carta constitutiva de la ONU le da los Estados la posibilidad de recurrir al Consejo de Seguridad para garantizar el cumplimiento de los mismos, la impresión generalizada es que muy a menudo el tribunal apuesta por «decisiones salomónicas» que le permitan cantar victoria a las dos partes en conflicto.
El ejemplo más reciente es la decisión de este martes.
Pero a la misma categoría también pertenece la disputa entre Argentina y Uruguay por la construcción de la planta de celulosa UPM (antes Botnia) en la margen uruguaya de un río que sirve de frontera a los dos países, resuelta salomónicamente por La Haya en abril de 2010.
Otro ejemplo es la sentencia de 2009 que reafirmó tanto la soberanía de Nicaragua sobre el Río San Juan como el derecho de Costa Rica a navegar libremente sobre el mismo.
Y, para no ir más lejos, ahí también está el fallo de 2007 que reafirmó la soberanía de Colombia sobre las islas caribeñas de San Andrés, Providencia y Catalina, al tiempo que dejaba abierto el reclamo de Nicaragua sobre unos cayos adyacentes y sobre las fronteras marítimas entre ambos países.
Decisiones «políticas»
Para el profesor Ramón Viñas Farré, especialista en Derecho Internacional de la Universidad de Barcelona, esta es una tendencia que se ha ido agudizando en los últimos años.
«Últimamente hay muchos intereses políticos de por medio, todo se ha vuelto más politizado. Y lo que yo he observado es que (los jueces de la Corte Internacional) no se atreven mucho, no hay compromiso. A menos que la cosa esté bien probada», explicó Viñas.
«Mientras que cuanto más nos alejemos en el tiempo encontraremos más sentencias que iban al fondo de la cuestión», le dijo a BBC Mundo.
El especialista en Derecho Internacional reconoce que parte del «problema» es que la CIJ tiene que decidir basada en pruebas y que, especialmente en el caso de las disputas territoriales entre los países de Centro y Sudamérica estas no siempre son «apodípticas» (es decir, que no admiten discusión).
«Si las cosa no está tan clara, la decisión siempre será una decisión política, sin mojarse», apuntó Viñas.
Pero la vocación de «consenso» que parece guiar el trabajo del tribunal también parece estar incrustada en su misma estructura, empezando por la forma en la que se elige a los jueces.
Además de poseer una serie de condiciones individuales como independencia, alta condición moral, conocimiento jurídico, la elección de los jueces debe garantizar que el conjunto represente las diferentes civilizaciones y sistemas jurídicos del planeta», explicó el catedrático.
Y la lentitud de la mayoría de los procesos también contribuye a la búsqueda de consensos.
«Se le da abundante tiempo a las partes para que puedan aportar nuevos datos, pero también para limar asperezas», dijo Viñas.
«Con el tiempo los ánimos se pueden ir apaciguando o se puede llegar a ‘acuerdos de caballeros’. Aunque tampoco hay que perder de vista que dejar pasar demasiado tiempo puede hacer que la sentencia se vuelva una injusticia».
A merced del Consejo de Seguridad
También es posible que a la hora de emitir sus fallos la CIJ no pierda de vista que la responsabilidad del cumplimiento de los mismos recae en primer lugar sobre las partes implicadas.
Pero otro aspecto a tomar en cuenta es que los jueces de la Corte Internacional son electos por la Asamblea General de la ONU y por el Consejo de Seguridad.
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