Un total de 552 manifestantes chilenos han sido detenidos este viernes en una nueva jornada de protestas estudiantiles en todo el país. Según ha confirmado el ‘número dos’ del Ministerio del Interior, Rodrigo Ubilla, 29 carabineros han resultado heridos, de los cuales uno se encuentra grave.
Ubilla, acompañado por el alcalde de Santiago de Chile, Pablo Zalaquett, ha asegurado que cerca de 3.000 personas han secundado las protestas este mediodía y unas 2.000 lo han hecho por la tarde. Asimismo, de los 552 detenidos, 284 arrestos se han registrado en la capital chilena por causar desórdenes públicos y por posesión ilegal de armas de fuego y de artefactos explosivos.
No obstante, ha dicho desconocer el número de manifestantes heridos en los choques con las fuerzas de seguridad y ha desmentido las informaciones que señalaban que una persona habría fallecido este jueves en una protesta celebrada en la región de Araucanía (centro).
Estos acontecimientos, ha continuado, son «producto de un llamado irresponsable por parte de dirigentes estudiantiles y del Colegio de Profesores», según ha informado el diario chileno ‘La Tercera’. Además, Ubilla ha afirmado que «la baja convocatoria es una clara indicación de que la gran mayoría de los estudiantes de nuestro país, cree que el diálogo es el camino para llegar a los consensos».
A comienzos de julio, el presidente chileno, Sebastián Piñera, anunció la creación de un fondo de 4.000 millones de dólares (2.797 millones de euros) para mejorar el sistema educativo, en un intento por calmar los ánimos de los estudiantes.
Para poner fin a este problema de envergadura nacional, el mandatario propuso «un Gran Acuerdo Nacional por la Educación» (el Acuerdo GANE), cuyos principales objetivos son mejorar la calidad, el acceso y la financiación de la educación superior.
Pero la propuesta no convenció a los estudiantes, que exigen al Estado aumentar los recursos para la educación, abaratar los precios del transporte público para este sector, mejorar las condiciones de los créditos que deben pagar los universitarios para financiar sus carreras, reducir las desigualdades en las escuelas públicas y no promover la privatización del sector.