La confiscación de propiedades durante la dictadura que inició Fidel Castro en 1959 tuvo una respuesta por parte de Estados Unidos, y fue el Título III de la Ley Helms-Burton de 1996 que permite presentar reclamos contra compañías que se han beneficiado de activos expropiados en Cuba.(EEUU advirtió a empresas españolas las consecuencias por sus negocios con la dictadura chavista)
Ese Título III de la Ley se ha mantenido inactivo, pero el gobierno de Donald Trump decidirá el próximo 1 de mayo si lo habilita, lo cual afectaría a Cuba y a empresas europeas (y españolas) que se beneficiaron del castrismo. La finalidad de esta medida es presionar al gobierno de la isla por apoyar al régimen de Nicolás Maduro.
La administración de Donald Trump, el pasado 16 de enero emitió una suspensión de sólo 45 días, cuya vigencia el secretario de Estado, Mike Pompeo, decidió ahora prorrogar.
«En el día de hoy, el secretario Pompeo anunció su decisión de continuar por dos semanas, del 18 de abril al 1 de mayo de 2019, la suspensión que rige actualmente, con una excepción, al derecho a presentar una acción conforme al Título III de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática en Cuba (LIBERTAD) de 1996″, dijo el Departamento de Estado en un comunicado.
La suspensión no se aplica al derecho a demandar a entidades cubanas que controlen propiedades confiscadas por el régimen cubano, algo que el Departamento de Estado habilitó días atrás.
«Instamos a todas las personas que realizan actividades comerciales en Cuba a reconsiderar si están incurriendo en tráfico de bienes confiscados y apoyando a la dictadura cubana», dijo el miércoles el Departamento de Estado.
Y añadió que sigue analizando las condiciones de derechos humanos en Cuba y haciendo seguimiento al «apoyo militar, de seguridad y de inteligencia» del régimen cubano a Maduro, a quien atribuyó «la represión, la violencia y la crisis humanitaria» en Venezuela.
Varios autos pasan por el malecón en La Habana (Cuba).
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazó en Twitter el anuncio de Pompeo y llamó a la ley Helms-Burton una «aberración que jamás debió existir».(Intervención militar a Venezuela: Una idea que ronda la mente de Donald Trump desde 2017)
«Viola el Derecho Internacional, daña a toda #Cuba, a cada familia. 191 países reclaman sea eliminada en su totalidad. La agresión de EEUU contra #Venezuela debe cesar sin más pretextos», sostuvo.
Su declaración fue secundada por Johana Tablada, segunda jefa de la dirección Estados Unidos en la cancillería cubana, quien afirmó también en la red social que el hecho de que Washington «opte por seguir jugando con los plazos» para aplicar esta ley «es una tomadura de pelo (…) que a nadie sorprende».
