Con la nueva ley las regiones españolas que sean competentes podrán conceder permisos iniciales de trabajo y de residencia circunscrita a su propio territorio
El Parlamento español aprobó hoy la reforma de la ley de extranjería, que permite el traspaso de la tutela de menores no acompañados a las regiones y a las ONG, regula la situación de las víctimas de trata sexual o de los malos tratos y limita la reagrupación familiar.El nuevo texto de la Ley de Extranjería no contó en el Congreso de los Diputados (la cámara baja del Parlamento español) con el apoyo del opositor Partido Popular (PP).
Finalmente y tras mucho debate, la reagrupación queda limitada a los hijos menores de 18 años o mayores con discapacidad, y los padres del reagrupante y su cónyuge «cuando están a su cargo, sean mayores de 65 años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España».
También en estos casos las Administraciones públicas promoverán la participación de los reagrupados en «programas de integración socio-cultural y de carácter lingüístico».
Además, con la nueva ley las regiones españolas que sean competentes podrán conceder permisos iniciales de trabajo y de residencia circunscrita a su propio territorio, establecer relaciones con terceros países para la contratación y tramitación de visados y cobrar las tasas y sanciones administrativas pertinentes.
También podrán conceder autorizaciones de reagrupamiento familiar «concedidas en su territorio».
Además podrán certificar el nivel de integración de los inmigrantes, asumir o traspasar la tutela de menores no acompañados y establecer acuerdos con los países de origen para procurar la «atención e integración social de los menores».
La norma amplía además el plazo de internamiento de los cuarenta días actuales a sesenta.
La ley también detalla los esfuerzos de integración que deberán realizar los inmigrantes que aspiren a renovar sus permisos de trabajo o residencia y que incluyen la participación en cursos de formación sobre «valores constitucionales y estatutarios», derechos humanos «tolerancia e igualdad» y conocimiento de las lenguas oficiales.
Durante el debate parlamentario del proyecto, que ahora pasará al Senado (la cámara alta del Parlamento español), el conservador PP anunció que reformará la ley en cuanto tenga la ocasión de hacerlo.
Según el PP, esta reforma no servirá para frenar las «avalanchas» de inmigrantes en situación irregular y la califican de «mera reforma cosmética».
El texto de esta reforma, la cuarta que se produce en los últimos ocho años, fue aprobado en junio pasado por el Gobierno como propuesta de reforma de la Ley original, de enero de 2000.
Según Amnistía Internacional, esta reforma está centrada en la seguridad nacional y en el rendimiento económico en vez de garantizar el respeto al acceso y a la protección de los derechos humanos.
Además, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Cáritas y la Red Acoge expresaron también su preocupación ante la nueva ley porque, aseguran, incluye importantes restricciones que afectarán gravemente a las personas inmigrantes que viven en España.
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