El llamado a la protesta de inmigrantes en Francia surge en medio de anuncios del gobierno de Sarkozy de controles más estrictos para los extranjeros indocumentados
Los inmigrantes en Francia fueron convocados a boicotear la economía nacional durante un día en marzo para probar que el país necesita de su mano de obra y su actividad para funcionar normalmente.
El llamado es apoyado por una red de activistas y grupos defensores de la inmigración, mientras el gobierno del presidente Nicolas Sarkozy endurece el tono hacia los extranjeros indocumentados y promete cerrar empresas que los contraten.
El tema migratorio, junto con un debate sobre la identidad nacional que promueve el gobierno, se perfila como uno de los ejes de la campaña para las elecciones regionales francesas de marzo.
«Presencia necesaria»
La protesta denominada «día sin inmigrantes» en Francia está inspirada en un boicot similar que se realizó en Estados Unidos en mayo de 2006 con el apoyo de cientos de miles de personas, en su mayoría hispanos.
La fecha elegida para la demostración de fuerza de los inmigrantes en Francia es el 1º de marzo y la idea es más amplia que un simple paro laboral.
«Llamamos a la no participación en la vida económica, es decir, no consumir, ni utilizar el transporte, ir al cine o restaurantes», dijo Nadia Lamarkbi, que preside la protesta.
Lamarkbi, una francesa de padres marroquíes que trabaja para una revista de temas magrebíes, dijo a BBC Mundo que el objetivo es «demostrar con nuestra ausencia que nuestra presencia es necesaria».
El anuncio coincide con una movilización lanzada el mes pasado por unos 5.000 trabajadores sin papeles, apoyados por sindicatos y grupos de inmigrantes, para denunciar «arbitrariedades» en la entrega de permisos de empleo.
En el marco de esta movilización, los inmigrantes indocumentados han ocupado diversos locales en parís y otras partes de Francia, incluido uno de la Federación de Trabajadores Públicos durante dos semanas.
«Declaraciones indignas»
Se estima que aproximadamente ocho millones de personas en Francia provienen de la inmigración (cerca de 13% del total de la población), en su mayoría musulmanes.
Cerca de 10% de los jefes de empresas en el país tiene raíces inmigrantes y «en algunos sectores como la construcción la cantidad de personas de origen extranjero puede superar el 60%», dijo Lamarkbi.
El atípico llamado al boicot económico, anunciado formalmente el martes, cuenta con el apoyo de grupos defensores de los inmigrantes como la Liga de Derechos Humanos o la organización France Terre d’Asile.
La convocatoria ha sido divulgada principalmente a través de internet, con un sitio y un blog creados especialmente, así como una página en la red social Facebook que hasta este miércoles se aproximaba a los 7.000 miembros.
El texto principal de la convocatoria expresa un rechazo a «declaraciones indignas de ciertos responsables políticos que pretenden estigmatizar o criminalizar a los inmigrados y sus descendientes».
El llamado a la protesta de inmigrantes en Francia surge en medio de anuncios del gobierno de Sarkozy de controles más estrictos para los extranjeros indocumentados.
Los ministros de Trabajo, Xavier Darcos, y de Inmigración, Eric Besson, anunciaron esta semana un proyecto de ley para castigar a las empresas que contraten extranjeros sin papeles, incluida su posible clausura.
Besson dijo que el proyecto será enviado al Parlamento «a fines de 2009 o principios de 2010».
Además, el gobierno emitió esta semana una circular a los prefectos de todo el país que establece los criterios para otorgar permisos de «admisión excepcional de residencia» a trabajadores extranjeros.
Sarkozy rechazó el martes la posibilidad de conceder una regularización masiva de trabajadores sin papeles, afirmando que las experiencias anteriores en Francia tuvieron un efecto que incentivaba mayor inmigración.
«No lo aceptaré nunca porque es contrario a la idea que tengo de los valores de la República», dijo Sarkozy durante una visita a un suburbio de París.
En cambio, el opositor Partido Socialista francés ha reclamado una «amplia regularización» de los trabajadores indocumentados en el país, en base a «un procedimiento flexibilizado y simplificado». Gerardo Lissardy (BBCMUNDO).
