Pese al fuerte crecimiento económico de Brasil en los últimos años, muchas de sus principales ciudades siguen estando asociadas a la violencia, vinculada frecuentemente con el tráfico de drogas
Policías de Sao Paulo y Río de Janeiro, las dos mayores ciudades de Brasil, matan a sospechosos en forma rutinaria y encubren los crímenes como legítima defensa, denunció en un informe el grupo estadounidense Human Rights.
El grupo dijo que en una investigación de dos años encontró pruebas consistentes que contradicen las afirmaciones de la Policía de que las víctimas cayeron en tiroteos al resistirse al arresto. Por ello, Human Rights pide al Gobierno que responsabilice a la policía por esos crímenes.
Pese al fuerte crecimiento económico de Brasil en los últimos años, muchas de sus principales ciudades siguen estando asociadas a la violencia, vinculada frecuentemente con el tráfico de drogas.
La respuesta policial violenta es tolerada a menudo como necesaria para combatir altos niveles de criminalidad, aunque grupos de derechos humanos afirman que eso sólo aumenta el problema.
La policía de los estados de Río de Janeiro y Sao Paulo han matado a más de 11.000 personas desde el 2003, convirtiéndolas en una de las más letales del mundo.
La fuerza policial de Río de Janeiro, cuya capital homónima es escenario de violentas bandas de narcotraficantes que compiten entre sí, es la que responde al mayor número de incidentes, con 1.137 muertes el año pasado, todas clasificadas como resistencia al arresto.
La policía es responsable de investigar supuestos abusos de sus propios agentes, lo que según el informe de Human Rights Watch es la principal causa para «el fracaso crónico en responsabilizar a policías por homicidios».
Agentes de Río de Janeiro y Sao Paulo son raramente procesados o condenados por homicidios.
«Hay un sistema en vigor, en virtud del cual la policía en muchos barrios pobres está totalmente fuera de control. Es un sistema de tolerancia que básicamente depende de la policía para supervisarse a sí misma, cosa que no hace», dijo Daniel Wilkinson, subdirector de Human Rights Watch para Latinoamérica y Centroamérica.
El grupo afirmó que encontró evidencia «creíble» en 51 casos de «resistencia» que contradicen la versión policial, agregando que eso indica un problema mucho más amplio.
En 33 casos, la evidencia forense contradijo la versión oficial, incluyendo 17 casos en que las víctimas recibieron disparos a quemarropa. Asimismo, el informe sostiene que la policía a menudo encubre sus homicidios destruyendo evidencias en la escena del incidente.
Llevan a las víctimas al hospital y fingen que trataron de salvarlas
Una técnica común, por ejemplo, es que los agentes lleven los cuerpos a los hospitales para fingir que trataron de salvar a las víctimas.
Como principal recomendación, Human Rights Watch llamó a la creación de unidades especializadas dentro de las oficinas de fiscalías estatales que investiguen supuestos homicidios policiales y lleven a los agentes ante la justicia.
También recomendó que la policía notifique a las fiscalías sobre homicidios inmediatamente en vez de esperar un mes, como sucede ahora.
Wilkinson dijo que durante la investigación quedó claro que existe una creciente preocupación entre fiscales y otras autoridades gubernamentales de que el problema de la violencia policial está «fuera de control».
«Creo que ellos entienden el problema y también perciben que, especialmente con los Juegos Olímpicos (del 2016 en Río de Janeiro) estarán bajo escrutinio como nunca antes», afirmó.
El gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, prometió en una reunión con representantes de Human Rights Watch que examinará las acusaciones y recomendaciones del informe, según Wilkinson.El Gobierno presionado para reducir los niveles de violencia
El Gobierno fluminense enfrenta presiones para reducir los niveles de violencia antes de la Copa Mundial de Fútbol 2014 y de los Juegos Olímpicos 2016, pero defiende la actuación de su policía, diciendo que enfrenta desafíos únicos al combatir a bandas bien armadas en cientos de favelas o poblaciones marginales.
Las preocupaciones sobre la seguridad volvieron a surgir en Río de Janeiro en octubre, cuando más de 40 personas perdieron la vida en enfrentamientos entre la policía y bandas de narcotraficantes sólo dos semanas después de que la ciudad fue elegida como sede para los Juegos Olímpicos 2016.
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