La no reelección fue la piedra de toque del sistema y se sospechaba que Zelaya buscaba eliminarla. Salvo algunos sectores sociales e instituciones, Zelaya quedó huérfano de apoyo
Si no fuera porque el que paga los errores es el sufrido pueblo hondureño, la secuencia de hechos que se inician con la remoción de la presidencia de Honduras de Manuel Zelaya provocaría la hilaridad de una comedia de Woody Allen. El dicho francés podría parafrasearse afirmando «que todo está mal si termina mal». De allí la gran responsabilidad de Porfirio Lobo, presidente electo el pasado 27 de noviembre, para superar el desaguisado que viene de heredar. Después de examinar lo ocurrido y que motivó la primera reacción de CARETAS («Honduras tocó fondo», Ed. 2085), veremos qué puede hacer.
Ribetes de comedia
Sacar un presidente en ejercicio de su cama y enviarlo a un tercer país en pijama constituye un exabrupto incalificable. Tienen razón quienes sostienen que Zelaya, si había cometido una falta grave en el ejercicio de sus funciones, debía ser sometido a un proceso en el que pudiera defenderse y presentar su posición. Quien esto sostenía era la Organización de Estados Americanos (OEA) que, sin embargo, aplicó a Honduras el mismo tratamiento que le había sido propinado a Zelaya: suspendió al país como miembro del organismo continental, sin escuchar sus razones y, de paso, lo convirtió en un apestado internacional con quien no se podía ni siquiera comunicarse.
Lo hizo en aplicación de la Carta Democrática. Otro desatino. Ya CARETAS («La paella democrática», Ed. 1743) había advertido sobre las gravísimas deficiencias conceptuales, jurídicas y operativas de este instrumento internacional. Jimmy Carter había adelantado que resultaba inaplicable. La experiencia de Honduras -debut práctico de la Carta Democrática- ha demostrado que es más perniciosa de lo que se pensó.
La rigidez del mecanismo de suspensión del gobierno que ejecuta un golpe de Estado pasa a convertirse en un inconveniente y no en una ayuda para resolver el problema.
Impone una conducta a los Estados miembros de la OEA que The Economist ha calificado de «maximalismo absurdo», y que CARETAS calificó como la «chavización» de las relaciones internacionales. Si no se puede negociar con quien detenta el poder, no existe posibilidad de solución razonable.
El régimen anterior a la Carta Democrática, la Resolución 1080, imponía un mecanismo flexible y adecuado: producida una interrupción del régimen constitucional democrático, el Secretario General convocaba al Consejo Permanente, que decidía sobre el rumbo a seguir. Generalmente designaba una comisión que se interiorizaba del problema y proponía vías de solución consensuadas, las cuales incluían a menudo la celebración de elecciones.
En este caso, la rigidez del instrumento aplicado ha conducido a un elevado número de países a no reconocer las elecciones celebradas en Honduras, entre ellos, a la Argentina de la desprestigiada Cristina Kirchner. Grave error. Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y Perú han anunciado que reconocerán al gobierno de Lobo cuando asuma el 27 de enero próximo.
Las elecciones estaban en marcha desde tiempo atrás, contaron con una asistencia elevada para los estándares de participación electoral hondureños y se celebraron en términos pacíficos a pesar del boicot convocado por Zelaya. Como diría la OEA en actuaciones anteriores -criticadas por quien esto escribe- «los defectos que se pudieron identificar no llegaron a incidir decisivamente en el resultado positivo de los comicios».
Explica esta realidad la inmensa desconfianza generada por Zelaya en el pueblo hondureño y, especialmente, en los sectores e instituciones más influyentes del país en defensa de una Constitución cuya elaboración y adopción tuvo un alto costo para los hondureños.
La no reelección fue la piedra de toque del sistema y se sospechaba que Zelaya buscaba eliminarla. Salvo algunos sectores sociales e instituciones, Zelaya quedó huérfano de apoyo y quien provocó esta reacción no es otro que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. CARETAS calificó de «desfachatez» el apoyo a la democracia en Honduras de un Chávez que ha saqueado el capital democrático de las instituciones venezolanas. Y, para agregar un toque más de comedia a los ataques al golpe en Honduras, la defensa de los valores democráticos quedó a cargo de… ¡Raúl Castro!
Una mención especial merece Luiz Inácio «Lula» da Silva, Presidente de Brasil. Admirado por su vocación democrática y la maestría con que supo administrar y ampliar el legado de Fernando Henrique Cardozo, Lula tiene gran ascendiente regional y mundial. De allí su autoridad moral al combatir por la democracia en Honduras. Y el desconcierto que nos provocó a muchos verlo recibir, con besos y abrazos, al presidente de Iran, Almadinejah, dirigente que acaba de reprimir con gran violencia los actos provocados por un controvertido proceso electoral, mientras se convierte cada vez más en un riesgo por el desarrollo de la energía nuclear. La autoridad moral ha quedado mellada, especialmente cuando el gobierno de Lula viola el derecho internacional al convertir a la embajada de Brasil en Tegucigalpa en la sede de la campaña política de Zelaya.
¿Qué se puede esperar?
Porfirio Lobo jugará un papel clave en este período. Se espera que constituya un gobierno de unidad nacional que integre a partidarios de Zelaya. También se puede esperar que active las acciones para que Brasil acoja al alojado en su embajada y regularice la situación legal de su legación. Lobo debería impulsar las investigaciones en curso respecto a las 4 ó 6 muertes que se produjeron durante los incidentes que enlutaron al pueblo de Honduras.
También debería convocar a profesionales con prestigio en derechos humanos (Custodio, Valladares) para superar los problemas detectados en ese ámbito, especialmente en materia de libertad de expresión e información. Un apoyo irrestricto a la Comisión de la Verdad que piensa crearse daría a Lobo elementos muy importantes en este proceso de transición. Debería, asimismo, iniciar la elaboración de un instrumento constitucional sobre juicio político que contemple casos como el de Zelaya. Y debería trabajar para que la OEA levante la delirante suspensión que afecta a Honduras e inicie un proceso de revisión de la defectuosa Carta Democrática Interamericana.(Por : Luis F. Jiménez)