Uribe reclamará a los países ricos que tienen una "responsabilidad compartida" frente a la destrucción de su hábitat por parte de narcotraficantes que buscan satisfacer la demanda en sus naciones
Colombia, el principal productor de cocaína en el mundo, reclamará en Copenhague a los países industrializados compensaciones económicas con el argumento de que cada gramo consumido allí destruye cuatro metros cuadrados de sus bosques, de los más ricos del planeta.
El presidente Álvaro Uribe viaja este martes a la cumbre sobre clima de la ONU con la intención de decir a gobiernos de países ricos que tienen una «responsabilidad compartida» frente a la destrucción de su hábitat por parte de narcotraficantes que buscan satisfacer la demanda en sus naciones.
«La posición colombiana es clara: las políticas de prevención y consumo en esos países fracasan y la producción ilegal de cocaína crece aquí a la par, con daños irreparables a nuestro medio ambiente. Por lo tanto allá hay cuota de responsabilidad y deben pagar», dijo a la AFP una fuente de la Vicepresidencia. Uribe denunciará que en Colombia -entre los diez primeros países con mayor biodiversidad del planeta- «por cada hectárea de coca sembrada, tres hectáreas de bosque son taladas», indicó la fuente. «Las 257 zonas ambientales protegidas en Colombia equivalen a los territorios de Bélgica, Holanda y Dinamarca juntos. Allí viven más de 35.000 especies de plantas, el 19% de biodiversidad del mundo de aves, el 10% de peces y el 6% de reptiles. El narcotráfico los amenaza de muerte», añadió.
COORRESPONSABILIDAD
Para la ex ministra colombiana de Medio Ambiente Cecilia Rodríguez, la propuesta de corresponsabilidad que llevará Colombia a Copenhague se justifica en la medida en que cada año 200.000 hectáreas de bosque son destruidas para sembrar hoja de coca.
«Esos fondos permitirían desarrollar un modelo económico que brinde un mejor ingreso de oportunidad a campesinos, particulares y comunidades organizadas por proteger aquellos recursos naturales que son patrimonio de los colombianos y de todo el mundo», dijo.
Sin embargo, ambientalistas como Rafael Vergara consideran que el gobierno en lugar de «volver a pasar el sombrero en Copenhague» debería «mirar los estragos que sobre el suelo dejan sus propias Fuerzas Armadas al ejecutar sumisas la política estadounidense de aspersión de cultivos ilícitos».
«Es verdad que hay que dar el discurso que por culpa de la droga el medio ambiente colombiano está sufriendo un daño irreparable pero ¿dónde está un autocrítico corte de cuentas para admitir los daños causados por una débil posición frente al uso de químicos para combatirla?», cuestionó.
ERRADICACIÓN
Colombia aplica desde hace siete años un programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida glifosato, financiado con recursos estadounidenses bajo el denominado Plan Colombia, sin que hasta la fecha sean claros sus efectos sobre el medio ambiente.
Según la Agencia de Naciones Unidas para el control de las drogas (UNDOC), en los últimos 20 años más de dos millones de hectáreas de bosques han sido deforestados por los cultivadores de coca.
Colombia sostiene que para producir un kilo de base de coca se generan 600 kilos de basura y se contaminan 200 litros de agua. Además, los laboratorios de procesamiento usan miles de galones de agua caliente, que luego es vertida a los ríos, dañando los ecosistemas acuáticos.
En tanto, Hidelbrando Vélez, presidente de la ONG Amigos de la tierra, critica los pocos avances para generar energías limpias de parte de Colombia, uno de los primeros 30 productores de petróleo en el mundo.
«Pese a esfuerzos incipientes por controlar la contaminación que deja la explotación del petróleo y el carbón, Colombia tiene mucho que aprender. La legislación está, pero sucumbe a los intereses de las multinacionales», dijo.
«Antes que pedir dinero, el gobierno de Colombia debe hacer una profunda revisión de su propia responsabilidad frente a la contaminación de sus recursos naturales», remató Vélez.
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