La causa fue impulsada por las Abuelas de Plaza de Mayo, uno de cuyos abogados, Alan Iud, consideró hoy que la resolución del tribunal es un "avance muy importante"
Un tribunal de Argentina ordenó la extracción de muestras genéticas a los hijos adoptivos de la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, para determinar si son hijos biológicos de desaparecidos durante la última dictadura (1976-1983).
La Cámara Federal de Apelaciones de la localidad bonaerense de San Martín exigió al juez Conrado Bergesio que cumpla de «forma inmediata» ese trámite para conocer la verdadera identidad de Felipe y Marcela Noble, hijos adoptivos de la directora del periódico que forma parte del mayor conglomerado de medios del país.
El juez Bergesio «se enreda en discusiones inconducentes a la par que no realiza la medida básica esencial e impostergable de ejecutar la toma de muestras de ADN», apuntó la Cámara según la información publicada por el diario Crítica.
«Tal omisión resulta a esta altura manifiestamente injustificada, en particular cuando se advierte de que la causa lleva más de siete años y la medida de prueba no se ha realizado», destacaron los jueces.
La causa fue impulsada por las Abuelas de Plaza de Mayo, uno de cuyos abogados, Alan Iud, consideró hoy que la resolución del tribunal es un «avance muy importante».
En declaraciones a Radio del Plata, el letrado señaló que el fallo fue «muy duro» contra el juez y dijo que se basa en criterios de la Corte Suprema y en la ley, aprobada recientemente por el Parlamento, que habilita a un magistrado a ordenar la obtención de ADN con métodos alternativos a la extracción de sangre.
«En la causa judicial se acreditó fehacientemente las irregularidades en la adopción de los jóvenes», recordó Iud sobre la investigación.
Se calcula que unos 500 bebés fueron robados a sus padres durante la última dictadura militar en Argentina.
Según datos oficiales, unas 18.000 personas desaparecieron en este país en los llamados «años de plomo», en los que se persiguió con saña a los que la dictadura consideraba opositores, aunque las entidades de derechos humanos elevan la cifra de víctimas a 30.000.
