Fujimori, de 71 años, deberá permanecer en prisión hasta el 10 de febrero de 2032
La ratificación de la sentencia a 25 años de prisión contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori por dos matanzas y dos secuestros marca el fin de su carrera política, aunque sus defensores aseguraron hoy que la batalla legal y electoral continúa.El dictamen de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, difundida cerca de las doce de la noche del sábado, confirmó por unanimidad la condena contra Fujimori, emitida en primera instancia el 7 de abril de 2009, por la matanza de 25 personas en Barrios Altos (1991) y la universidad de La Cantuta (1992).
La sala ratificó que Fujimori (1990-2000) fue el «autor mediato» (al estar detrás de un aparato para cometer crímenes) de los «delitos de homicidio calificado y lesiones graves», en ambas matanzas, aclaró hoy el Poder Judicial en un comunicado de prensa.
Pero la sentencia también ratificó por mayoría (de cuatro magistrados a favor y uno en contra) que se cometió «secuestro agravado» contra el periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.
Uno de los jueces opinó, en coincidencia con la Fiscalía y la defensa, que se cometió «secuestro simple y no agravado».
La decisión en segunda instancia es definitiva en el ámbito del Poder Judicial, pero el abogado de Fujimori, César Nakazaki, aseguró a Efe que aún hay un hábeas corpus pendiente y que, «de prosperar, generaría la nulidad de la sentencia y que se lleve a cabo una nueva vista de la causa».
«Yo creo que si alguien le va a hacer justicia al (ex) presidente Fujimori, esa justicia tenemos que buscarla en otro Poder Judicial recompuesto o, si no, a nivel del Tribunal Constitucional», acotó.
En respuesta, el abogado de la parte civil acusadora Ronald Gamarra dijo a Canal N de la televisión peruana que el proceso contra el ex presidente terminó «con la sentencia expedida con la sala que presidió el doctor Duberlí Rodríguez, y el argumentar una y otra gestión son manotazos de ahogado».
La condena implica que Fujimori, de 71 años, deberá permanecer en prisión hasta el 10 de febrero de 2032 y si bien el antiguo gobernante puede acogerse a beneficios penitenciarios, deberá cumplir al menos 18 años de cárcel.
No obstante, sus seguidores no dan su brazo a torcer, ya que el portavoz de Alianza por el Futuro, Carlos Raffo, manifestó que la decisión judicial sólo ratifica lo que él consideró será el triunfo del fujimorismo en las elecciones presidenciales de 2011.
«Para nosotros el día de hoy, domingo 3 de enero del 2010, con la confirmación de esta sentencia en segunda instancia, comienza la gran tarea de reivindicación de Alberto Fujimori, lo cual se dará políticamente triunfando en las elecciones del 2011», indicó Raffo a Radio Programas del Perú.
La congresista y virtual candidata presidencial Keiko Fujimori, hija y heredera política de Fujimori y segunda en las encuestas de cara a los comicios de 2011, aseveró en varias oportunidades que, de salir elegida, indultará a su padre.
Del lado de las víctimas, el director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Francisco Soberón, expresó a Efe «su gran satisfacción de que la justicia haya vencido a la impunidad», aunque consideró que será el pueblo peruano quien decidirá en las urnas si es el fin de la carrera política del ex presidente.
Éste está recluido en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Dinoes) desde su extradición desde Chile en septiembre de 2007 por dos casos de violación de los derechos humanos y cinco de corrupción.
Desde su celda, Fujimori se reúne constantemente con los legisladores fujimoristas.
Además de la sentencia a 25 años de prisión, también fue condenado a 8 años por el pago de una indemnización laboral a su entonces asesor Vladimiro Montesinos, a otros 6 por el allanamiento ilegal de la vivienda de la esposa de éste y a 6 más por otros casos de corrupción, pero las penas no son acumulativas en Perú.
La Primera Sala del Supremo, conformada también por Julio Biaggi, Elvia Barrios, Roberto Barandiarán y José Neyra, también ratificó que el condenado deberá pagar un total de 187.200 nuevos soles (64.843 dólares) a los sobrevivientes y deudos de las matanzas y un total de 93.600 nuevos soles (32.421 dólares) por los casos de secuestro.
