"Si sabían que los militares habían cometido un error, el Congreso Nacional no podía destituirme, no tiene ninguna facultad para destituirme" señaló Zelaya
La Fiscalía de Honduras pidió ayer a la Corte Suprema de Justicia que emita orden de captura contra la cúpula de las Fuerzas Armadas por la expulsión del país del presidente, Manuel Zelaya, en la madrugada del 28 de junio pasado, y solicitó la apertura de un proceso judicial sobre el caso.
El fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado, confirmó a periodistas que presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un «requerimiento fiscal» contra la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, encabezada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vázquez, e integrada por otros cinco oficiales.
En una reacción inmediata, el depuesto presidente, Manuel Zelaya, dijo que la acción judicial emprendida por el Ministerio Público (MP) contra la cúpula militar, busca «poner un manto» a la verdad de lo ocurrido el 28 de junio de 2009 cuando las Fuerzas Armadas lo derrocaron.
«Para mí con ese requerimiento fiscal simple y llanamente lo que quieren es poner un manto sobre la verdad de los hechos que ocurrieron el 28 de junio», dijo Zelaya a medios locales por teléfono desde la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde se refugia desde el 21 de septiembre del año pasado.
Zelaya apuntó que, «si se está diciendo que las Fuerzas Armadas cometieron un error, pues a ese error se le llama golpe de Estado militar y ese error fue después ratificado, o sea, confirmado por el Congreso Nacional», que lo destituyó a él y designó en su lugar a Roberto Micheletti.
«Si sabían que los militares habían cometido un error, el Congreso Nacional no podía destituirme, no tiene ninguna facultad para destituirme, lo que hubiera pedido era que regresara directamente a mi puesto como presidente y que pusiera mis abogados y me defendiera», añadió.
Según el Gobierno de facto, los militares derrocaron a Zelaya en cumplimiento de una orden de captura emitida por un juez de la CSJ como parte de un proceso incoado por el MP contra el depuesto mandatario por impulsar una consulta para promover una Asamblea Constituyente declarada ilegal por varios órganos del Estado.
Zelaya afirmó que «lo que hubo es una conspiración entre el Congreso Nacional, la Corte de Justicia y el fiscal del Estado (Luis Rubí) con los militares para dar el golpe de Estado; ellos son responsables juntos».
Ahora «el fiscal del Estado está dándose con la piedra entre los dientes porque le está dando ese derecho a la cúpula militar que no me lo quiso dar a mí».
«Me hizo un juicio en secreto (…) y contra el subalterno del presidente, que es el general Romeo Vázquez (jefe del Estado Mayor Conjunto), no hace juicio secreto ni lo manda a capturar, sino que simple y llanamente le permite que se defienda como son las leyes hondureñas», apostilló Zelaya.
