«Ser inmigrante no puede dar ni un punto de menos pero tampoco de más»

El consejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, explicó este lunes que el Gobierno regional aplica una política de integración «sin discriminaciones pero sin ventajas» pues «ser inmigrante no puede dar ni un punto de menos pero tampoco de más».

«En la Comunidad estamos haciendo un política de integración con unos principios de unidad y cohesión muy claros, no buscar fragmentar, una idea de integración clarísima, sin discriminaciones pero sin ventajas. Ser inmigrante no puede dar ni un punto de menos pero tampoco de más, y esto en la Comunidad lo aplicamos con toda claridad como la igualdad entre hombre y mujeres», explicó en una entrevista en Cope recogida por Europa Press.

Ésta podría ser la base, dijo Lasquetty, de un acuerdo PP-PSOE, pues en este momento, con entre 700.000 y un millón de irregulares en España, tendría que haber un acuerdo entre los dos partidos para reformar las cuestiones que no han funcionado bien.

De este modo, consideró que Mariano Rajoy, como presidente del PP, está dispuesto a ver si el PSOE se decide de una vez a hacer las reformas que necesita Extranjería desde una perspectiva de pacto y acuerdo, partiendo de la base de que él no tiene nada en contra de que los inmigrantes sigan recibiendo educación y sanidad como hasta este momento.

«El PSOE, siempre que ha tenido la oportunidad de hacerlo, ha preferido pactar con los nacionalistas catalanes con tal de dejar aislado al PP. La primera vez fue en el año ’99 y la última, la del año pasado», declaró Lasquetty, que sostiene que la última Ley de Extranjería fue pactada con Convergencia i Unió (CiU) mientras con el Partido Popular no se han querido ni abrir conversaciones.

A su juicio, el sistema de llegada en España está muy mal concebido pues «muy poquitos podían llegar legalmente y en cambio muchísimos podían llegar de manera ilegal».

Para el responsable autonómico, Rajoy busca abrir un debate pues la ley de Extranjería por un lado señala a la obligación de que estén empadronados y, por otra, la posibilidad de que sean expulsados los inmigrantes en situación irregular. «El señor (José) Blanco ha dicho que es una incongruencia y es posible que lo sea; lo que es cierto es que ambas exposiciones están en vigor y por lo tanto el PP busca una política dirigida a aplicar la ley dando la cara, explicándolo y no al estilo de este gobierno que quiere mantener simultáneamente dos discursos contradictorios», sentenció.

A su juicio, desde los años 90 el PP lleva haciendo las mismas políticas sobre integración de inmigrantes, «a diferencia del partido socialista o los nacionalistas, que hicieron las leyes y ahora, como se ve en Vic, se echan atrás ante sus consecuencias».

«El PP siempre ha defendido una inmigración legal, ordenada, que venga por cauces legales y, al mismo tiempo, una idea clara de integración basada en la persona, no en colectivos, una integración unida, no fragmentada como ocurría en otros países de Europa; una integración en la que se hable de cumplimiento de la ley por parte de todos, de los principios constitucionales, por parte de todos los que han venido a vivir y a trabajar con nosotros», planteó Lasquetty.

Al mismo tiempo, opinó que es un discurso el del PP que reconoce «el mérito y el esfuerzo» de todas aquellas personas que han logrado salir adelante con su propio trabajo. «Las declaraciones de Mariano Rajoy el otro día lo que explicaban era su disposición a buscar fórmulas nuevas, si es que el PSOE quiere por una vez hacer algo en materia de inmigración pactando con el PP. Pero al mismo tiempo dejando clara su postura favorable de que inmigrantes, extranjeros que viven y trabajan en España, con independencia de su situación legal, puedan o deban seguir recibiendo pensión sanitaria o acceso a la educación», explicó.

POLÍTICA «VALIENTE»

Por otra parte, el responsable regional de Inmigración consideró que el presidente francés, Nicolás Sarkozy, ha tenido una política en relación a la integración de los inmigrantes «valiente», algo que calificó de «novedoso» en los países europeos. «En Europa en los años 60, 70, 80 se cometieron errores terribles de los que debemos aprender. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid hemos tenido muy en cuenta esos errores y tratamos de hacer una política de inmigración que no fragmente la sociedad sino que la cohesione», estimó.

Lasquetty explicó que Sarkozy «dijo que se proponía expulsar a aquellos inmigrantes que estuvieran en situación irregular, se comprometió a ello, ganó las elecciones y lo está haciendo, dando la cara, a diferencia del gobierno de Zapatero, que mantiene un determinado discurso pero luego hace redadas clandestinas en el Metro por las noches y cuando se le pregunta parlamentariamente por ello lo niega como si no se estuviera haciendo».

Por otra parte, Lasquetty, que habló antes de conocer la decisión del Ayuntamiento de Torrejón de eliminar las polémicas normas de empadronamiento, siguió defendiendo que este caso Torrejón es un «no-caso», a diferencia de Vic. «En Torrejón se ha empadronado a todos aquéllos que la ley manda, es decir, a todos los extranjeros que residen en el lugar con independencia de su situación administrativa, por lo tanto incluyendo inmigrantes en situación irregular», planteó.

«Torrejón lo ha venido haciendo durante todos estos años y lo sigue haciendo, a diferencia de Vic, que lo que han pretendido, siendo los mismos los que gobiernan que los que hicieron la Ley de Extranjería del 99. La última reforma de la Ley de Extranjería del año pasado, lo que han hecho ha sido pretender saltarse esa ley y decir que no empadronan a inmigrantes irregulares», opinó.

«Lo único que han hecho –como otros muchos ayuntamientos españoles– es establecer unas condiciones mínimas de habitabilidad en la viviendas para impedir un fenómeno que existe en algunos casos puntuales de los llamados ‘pisos patera’, en los que se empadrona a un número imposible de personas, pero da igual que sean extranjeros que españoles lo que no puede ser es que haya 50 personas empadronadas en un piso», estableció.

El responsable regional insistió en que el empadronamiento de los inmigrantes en situación irregular en España se estableció en la ley del año 99, por tanto «tendría sentido que esto hubiera generado polémica o tensiones antes», pero tiene poco sentido que sea ahora cuando no están llegando inmigrantes.

En cuanto a la sanidad y la educación, explicó que son servicios en España ya extendidos y que esta cuestión no está en debate. «Ahora mismo hay cerca de un millón de inmigrantes en situación irregular pero la mayoría llevan en España entre 3 y 4 años, dudo mucho que haya alguien dispuesto a decirles a esa personas que sus hijos ya mañana no van al colegio o al centro de salud», indicó.