La CorteIDH aborda el caso de una indígena mexicana violada por militares en 2002

La CorteIDH aborda el caso de una indígena mexicana violada por militares en 2002
. Agencia EFE

El caso de una indígena mexicana violada por militares en 2002 y que sigue viviendo hasta hoy en estado de pánico centró la tercera y última sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que tomó declaración a dos expertas en psicología y antropología.

La perito Clemencia González dijo a los magistrados de la CorteIDH, que celebra su 41 periodo de sesiones extraordinarias en Lima, que la víctima Inés Fernández, quien no estuvo presente en la vista por estar en avanzado estado de gestación, sufre hasta el día de hoy «ataques de pánico» cuando tiene que rememorar el suceso.

Fernández era una dirigente indígena Me’phaa, en el estado mexicano de Guerrero, que trabajaba a favor de los derechos de las mujeres desde 2000 y promovía la salida de los militares de su localidad, Barranca Tecuané.

El 22 de marzo de 2002, un grupo de militares llegó a su casa para interrogarla, mientras ella se encontraba con sus cuatro hijos, menores de edad.

Los niños salieron de la vivienda, que era custodiada por otro grupo de uniformados, y los tres soldados que ingresaron a la casa violaron a la mujer.

A partir de ese momento, la vida de Fernández sufrió un vuelco, pues tuvo que abandonar el trabajo comunitario para dedicarse a la búsqueda de justicia para ella misma, agregó la perito.

Ocho años después de la agresión, la víctima tiene pesadillas con sus agresores y evita salir de su casa porque la presencia de los militares se mantiene en su localidad.

Esta mujer indígena sufrió también la agresión y la discriminación de los médicos forenses, al momento de ir a hacerse los exámenes pertinentes que dejaran constancia de la violación, y la estigmatización de parte de sus vecinos en la comunidad que la consideraban «manchada» de por vida.

La víctima «ha tenido que traspasar sus códigos culturales para hacer la denuncia», pero hasta la fecha «se siente con incertidumbre y vulnerable hacia las personas que la agredieron», apuntó la psicóloga.

Inés y su esposo Fortunato dejaron sus cultivos, que eran su sustento económico, y cedieron el cuidado de sus hijos a otras personas para poder dedicarse a buscar ayuda que les permita formalizar la denuncia, que les era negada desde el inicio.

Sus dos hijas mayores, ahora adolescentes, «quieren vivir encerradas» después de escuchar que su madre «es la mujer de los militares», como les dicen sus compañeros de escuela, y tienen una desconfianza total hacia la vida, explicó la perito.

Fernández obtuvo ayuda psicológica y legal del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) para presentar la denuncia contra los militares, porque nunca recibió asistencia del Estado mexicano, señaló González.

Su caso ha sido investigado por la justicia militar y civil de México, pero aún no ha habido sanción para los responsables.

A su turno, la antropóloga Rosalba Hernández dijo que la víctima y sus familiares cercanos sufrieron de la «enfermedad del susto», que se manifiesta en insomnio, temblor general del cuerpo y falta de apetito, una dolencia que se extiende en el tiempo hasta que no se encuentre paz y reconocimiento de la falta.

«Su espíritu protector se sale de su cuerpo y no regresa hasta que no encuentre paz», dijo Hernández, quien ha trabajado en organizaciones a favor de las víctimas de la violencia sexual.

La perito manifestó que las reparaciones para este caso podrían dirigirse a la creación de una escuela comunitaria, pues muchas niñas han abandonado el colegio para evitar caminar solas hacia el lugar alejado donde se encuentra.

Las reparaciones también podrían traducirse en la formación de una oficina de atención a víctimas de la violencia con un intérprete y profesionales en este tipo de asistencia.

Con el caso de Fernández, que concluirá esta tarde con la presentación de alegatos, se cierra el periodo de sesiones extraordinario de la CorteIDH en Lima, que empezó el martes, después de haber escuchado los procesos sobre la desaparición de dos bolivianos en 1971 y el reclamo territorial de la comunidad indígena paraguaya Xámok Kasek.

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído