Los conflictos por la tierra en Brasil, que habían disminuido en los últimos años, subieron de 751 en 2008 a 854 en 2009, pero la cifra de muertes bajó desde 28 hasta 25 entre los dos años, según un informe divulgado hoy por el Episcopado brasileño.
El número de asesinatos es uno de los menores en los últimos años y muy inferior al promedio de 63 anuales registrado desde 1985, cuando los datos comenzaron a ser recopilados por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), un organismo del Episcopado.
Según el estudio «Conflictos en el Campo», elaborado anualmente por esa comisión, pese a la disminución de los asesinatos, los intentos de homicidio subieron desde 44 en 2008 hasta 62 el año pasado.
También crecieron las amenazas de muerte (de 90 a 143) y la cifra de campesinos torturados (de 6 a 71) y de detenidos (de 168 a 204).
El total de familias amenazadas por pistoleros creció un 29,7%, hasta 9.031, el de viviendas destruidas en un 163% y el de cultivos dañados en un 233%.
De acuerdo con la CPT, el agravamiento de los conflictos por la disputa por tierras hizo con que subieran tanto la cantidad de familias expulsadas de las áreas que cultivaban (de 1.841 en 2008 a 1.884 en 2009) como la de desalojadas por orden judicial (de 9.077 a 12.388).
Las estadísticas recogidas por este organismo reflejan que durante el último cuarto de siglo, Brasil ha sufrido cada año en promedio 63 muertes en 765 conflictos por la tierra, así como 2.709 expulsiones de familias de sus tierras, 13.815 desalojos y 422 arrestos de campesinos.
«La violencia no logró que los movimientos de campesinos dieran marcha atrás y, por el contrario, aumentaron el número de ocupaciones en haciendas desde 252 en 2008 hasta 290 en 2009», aseguró el informe.
El estudio indica que actualmente existen en Brasil 36 campamentos en los que viven 4.176 familias que esperan ser beneficiadas por la reforma agraria, frente a los 40 que en 2008 albergaban a 2.755 familias.
La Comisión Pastoral de la Tierra manifestó su preocupación por el aumento de la violencia en el campo en medio de un «contexto de creciente criminalización de los movimientos sociales».
La entidad denunció que la interpretación de que las ocupaciones de los movimientos que luchan por la reforma agraria tienen que ser castigadas como crímenes aumenta tanto entre los fiscales como entre los jueces y «muchas veces es amplificada por los grandes medios de comunicación social».
«En el ámbito de la Justicia se destacó la figura del propio presidente del Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que a comienzos de 2009 acusó públicamente a los movimientos de practicar acciones ilegales y criticó al Ejecutivo por ofrecerles recursos públicos a esos grupos», asegura el informe.
Para la CPT, esas interpretaciones contribuyeron para el aumento del número de desalojos y de arrestos.
El organismo también cuestionó la creación de una comisión en la Cámara de Diputados que está investigando las acciones de los movimientos que defienden la reforma agraria por supuestas ilegalidades y la presentación de cerca de veinte proyectos de ley que buscan poner a estas organizaciones en la ilegalidad.
En cuanto al Poder Ejecutivo, el documento del Episcopado dice que «su prioridad claramente es favorecer al capital para que continúe expandiéndose y avanzando en nuevas áreas rurales sin respeto a los derechos de los pueblos indígenas y de otras comunidades tradicionales».
La Comisión Pastoral de la Tierra también criticó la firme decisión del Gobierno de construir la hidroeléctrica de Belo Monte en el río amazónico de Xingu pese a la oposición de los colonos, pescadores e indígenas que habitan la región, así como de los ecologistas y del propio Ministerio Público.
