La ola de violencia que se vive en el país ha dejado este año, según datos extraoficiales, casi 3.000 muertes violentas
La Iglesia católica mexicana denunció que los sacerdotes que viven en zonas con mayor índice de violencia y pobreza son secuestrados o extorsionados y aseguran que el crimen organizado les exige un pago de hasta 10.000 pesos (830 dólares) a cambio de su seguridad.»(A los sacerdotes) les piden cooperación para darles seguridad, es una extorsión, es una forma de amenaza, a veces un intento de secuestro rápido para que les den los cinco mil, diez mil pesos que juntaron en toda la semana», afirmó el obispo auxiliar de Guadalajara José Trinidad González.
En el marco de la 89 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), los prelados detallaron en una rueda de prensa que en los últimos meses aumentó este tipo de ilícitos a pesar de que fueron denunciados ante las autoridades.
El jerarca católico precisó que por ello, «en muchas ocasiones, como obispos, nos hemos visto en la necesidad de sacarlos (a los sacerdotes) de ese ambiente».
«Es de justicia resaltar que muchos sacerdotes viven su ministerio de manera heroica, a veces incluso en medio de amenazas, pobreza, violencia, extorsiones y agresiones», dijo el secretario general de la CEM, Víctor René Rodríguez.
La Iglesia al igual que la sociedad «sentimos en carne propia los problemas de diversa índole que afectan a nuestra Patria, como es la desbordante ola de violencia e inseguridad que se ha desatado, desde hace varios años, en México, y que ha cobrado numerosas víctimas, muchas de ellas inocentes», señaló Rodríguez.
Reconoció los grandes esfuerzos del Gobierno actual en la lucha contra el narcotráfico, y se pronunció a favor de que el Ejército mantenga su participación en estas tareas a corto y mediano plazo, pues dijo que «la lucha no será ni fácil ni corta».
Consideró necesario seguir trabajando para acabar con la impunidad ya que, indicó, «provoca desconfianza en las instituciones».
La ola de violencia que se vive en el país ha dejado este año, según datos extraoficiales, casi 3.000 muertes violentas, mientras informes oficiales aseguran que son más de 22.000 muertos los registrados desde el inicio del mandato del presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006.
