Los dos ministros que envió el presidente boliviano, Evo Morales, a negociar con los indígenas que torturaron y lincharon a cuatro policías, para rogarles que devuelvan los cadáveres, retornan hoy a La Paz sin lograrlo, informaron medios locales.
El ministro de la Presidencia, Oscar Coca, y el de Gobierno (Interior), Sacha Llorenti, se reunieron en la tarde de este lunes con dirigentes de los ayllus (clanes indígenas) del pueblo de Uncía, situado en el norte del departamento de Potosí (suroeste), donde ocurrió el linchamiento hace una semana.
Según las radios Fides y Erbol, Coca y Llorenti pidieron a los caciques la entrega de los cuerpos y anunciaron la investigación de ese crimen y de otro que denuncian los indígenas sobre el presunto asesinato de siete de ellos por policías.
Coca dijo a los medios que se ha comunicado a los indígenas que la «devolución de los cuerpos (de los policías linchados) va por delante de cualquier cosa».
Llorenti agregó que el Gobierno espera la respuesta de los ayllus y está convencido «de que pronto se va a resolver este tema humanitario, del que todos están pendientes», y que las autoridades garantizan la investigación de lo ocurrido.
El canal de televisión Unitel señaló que el lugar de la reunión estuvo custodiado por indígenas que impidieron a la prensa acercarse, mientras los familiares de las víctimas esperaban en un pueblo cercano una respuesta.
Antes de la reunión, Coca dijo que fue a la zona por «disposición» de Morales para solucionar el conflicto con los indígenas que torturaron y lincharon a los policías, y en la noche el canal estatal de televisión afirmó que las negociaciones seguirán pronto.
Los clanes aimaras y quechuas del Altiplano boliviano alegan que en ese y otros linchamientos aplican la llamada «justicia indígena originaria», que quedó reconocida en la Constitución que promulgó el indigenista y nacionalista Morales en 2009, pero el Gobierno rechaza ese argumento.
La semana pasada, una asamblea de los «ayllus guerreros» realizada en Uncía declaró «zona roja» la región y no permite el acceso de policías ni fiscales para buscar los cuerpos.
Morales y otras autoridades han suplicado por una semana a los indígenas que devuelvan los cadáveres y, por el momento, descartan una acción policial.
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, que también viajó a Potosí, aseguró a los medios que se quedará allí hasta que los indígenas devuelvan los cuerpos de los «desaparecidos».
Villena afirmó que instó al Gobierno a presentarse en la zona para dialogar, a lo que Morales respondió mandando a Coca y Llorenti esta madrugada.
La reunión de los ministros con los indígenas que lincharon a los policías despertó críticas de algunos sectores bolivianos que acusan al Gobierno de aceptar una negociación con «asesinos».
«Es un hecho insólito que el Gobierno negocie con quienes ajusticiaron a los policías en Uncía para que entreguen los cuerpos, eso en ninguna parte del mundo se ha dado y es insólito y cruel», declaró el presidente de la Asociación Boliviana de Ciencia Política, Marcelo Varnoux.
