Los indígenas bolivianos que torturaron y lincharon hace tres semanas a cuatro policías en el suroeste de Bolivia, cerca del límite con Chile, han impedido la entrada a su territorio de los fiscales e investigadores del caso, informaron hoy medios locales.
Dirigentes indígenas explicaron a la prensa que presentarán al Gobierno de Evo Morales un documento en el que piden un «cambio total» de los agentes en la región y ratifican la prohibición de entrada de fiscales e investigadores para indagar sobre el crimen.
El mallku (jefe) de la federación de «ayllus guerreros» o clanes indígenas de la región Santos Poma, anunció que una comisión de ese grupo se trasladará a La Paz para presentar el documento con sus demandas.
Otra de las peticiones, según el diario La Prensa, consiste en pedir a las autoridades legalizar los vehículos que ingresaron por contrabando a esa región, fronteriza con Chile.
Los medios también señalan que el motivo de la prohibición del ingreso de los investigadores es la presunta existencia de laboratorios de cocaína en esa zona, donde el mes pasado la policía encontró algunos de ellos.
El Ministerio Público encargó a tres fiscales ir a la zona del linchamiento en el departamento de Potosí, en el pueblo de Uncía, a 341 kilómetros al sur de La Paz, para la investigación, pero la negativa de los pobladores impidió su entrada al territorio.
El comandante de la policía, el general Óscar Nina, aseguró que «no hay nada que impida la presencia de la policía o las autoridades llamadas por ley» en la zona y aseguró que dará con los asesinos de los cuatro agentes.
El matutino El Potosí precisa hoy que el trío de fiscales y policías especializados en criminalística y criminología cambiaron de estrategia y decidieron investigar primero en el departamento vecino de Oruro, donde trabajaban los agentes.
Los policías linchados pertenecían a la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos de Oruro, dónde, según el matutino potosino, comenzará la investigación del crimen para establecer cuáles fueron las órdenes que tenían los agentes.
Los «ayllus» han justificado su acción en el marco de la aplicación de la «justicia comunitaria», reconocida por la Constitución que promulgó Morales el año pasado, aunque el Gobierno ha insistido en que el linchamiento no es parte de ese sistema de justicia.
Las familias de los agentes asesinados han decidido demandar a los ayllus por el crimen, tras revisar una decisión inicial de no hacerlo ya que estaban presionados por los grupos indígenas que amenazaron con no devolver los cadáveres en caso de que se les juzgue.
