Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, no incurrieron en presuntos delitos de estafa al seguir vendiendo billetes a pesar de conocer la situación de insolvencia en la que se encontraba la compañía, señala
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha concluido que los antiguos propietarios de Air Comet, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, no incurrieron en presuntos delitos de estafa al seguir vendiendo billetes a pesar de conocer la situación de insolvencia en la que se encontraba la compañía, según el informe de conclusiones del fiscal.
De esta forma, tras casi seis meses de pesquisas, la Fiscalía concluye que «los hechos investigados no son constitutivos de delito» debido a la falta del «elemento de engaño previo al desplazamiento patrimonial» al no haber encontrado ningún billete cuya fecha de emisión fuera posterior al 21 de diciembre de 2009.
Así, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que firma el documento en atención de las conclusiones formuladas por el fiscal instructor Daniel Campos, anuncia el archivo de las actuaciones abiertas pasado 20 de enero a raíz de la denuncia presentada por la asociación de consumidores Ceaccu.
La Audiencia Nacional cierra cualquier posibilidad de investigar a Air Comet por presuntas irregularidades. El pasado 5 de abril la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó el recurso de queja presentado por Ceaccu contra la desestimación de la demanda dictada por el juez Santiago Pedraz. El fiscal concluye que los hechos analizados «difícilmente» pueden constituir un delito de estafa del artículo 248 del Código Penal, pero podría tratarse de un «incumplimiento de obligaciones contractuales» de las que «se podrían derivar responsabilidades civiles, pero no de orden penal».
Según la documentación analizada, el fiscal explica que «a pesar de la delicada situación económica de la aerolínea» los responsables de Air Comet «siguieron intentando salvar la viabilidad de la compañía, dando cuenta puntualmente al Ministerio de Fomento de las negociaciones y acuerdos que estaban desarrollando» hasta que un juez británico dictó la orden de embargo de los aviones de la compañía. En concreto, el fiscal señala que Teinver, sociedad propietaria de Air Comet, tenía un memorandum de entendimiento suscrito con Air Transport Group Holdings para la adquisición de la aerolínea antes del 23 de febrero de 2010.
Además, con fecha de 1 de diciembre de 2009 se firmó el acuerdo de compraventa entre Teinver y Sobelty Management, sociedad que sustituía a la anterior compradora para cerrar la operación, en virtud por la que ésta adquiría el 100% de las acciones de Air Comet. Este proceso se vio frustrado por la orden de embargo dictada el 19 de diciembre de 2009 por un juez británico sobre los 13 aviones de Air Comet, ante la demanda de impago de un crédito a 25 millones de dólares (17,2 millones de euros) presentada por el banco alemán Nord Bank.
El fiscal llegó a esta conclusión tras analizar la documentación remitida por el Ministerio de Fomento, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), el Registro Mercantil, las embajadas y consulados de Argentina, Ecuador, Colombia, Perú y Francia. El fiscal también contó con los informes elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de la Policía Judicial que contaban con la colaboración de la International Air Transport Asociation (IATA).
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