El canal privado Globovisión confirmó hoy que el 20% de las acciones de la empresa ha pasado al Estado venezolano, pero aseguró que eso no le hará cambiar su línea editorial, abiertamente opositora al Gobierno del presidente Hugo Chávez.
La empresa «Sindicato Ávila CA posee únicamente un 20% de las acciones de Corpomedios, porcentaje que no da facultad para designar a miembros de la Junta Directiva de la empresa ni afectar la gestión de la misma», dijo el canal en su página web al comentar el reciente traspaso al aparato estatal de un quinto de las acciones.
Corpomedios es la entidad jurídica a la cual el Estado le ha entregado la explotación de la frecuencia de Globovisión.
«Con fecha 3 de diciembre de 2010 apareció publicada en Gaceta Oficial (No. 39.566) la Resolución mediante la cual la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban) acuerda la liquidación de Sindicato Ávila CA», recordó la emisora.
El Sindicato Ávila CA era una de las empresas asociadas al Banco Federal, del empresario bancario y televisivo Nelson Mezerhane, prófugo de la justicia por supuesta estafa a los clientes de la entidad financiera liquidada el mes pasado por Sudeban.
«Las decisiones a nivel de Asamblea de Accionistas de Corpomedios, entre ellas la designación de los miembros de la Junta Directiva, son tomadas con el voto favorable del 65% del capital social», destacó la nota de Globovisión.
Federico Ravell, director de Globovisión hasta inicios de año, reveló a Efe el pasado 21 de julio ser el dueño de un 10% de las acciones de la emisora y detalló que Mezerhane poseía otro 25% y el presidente del canal, Guillermo Zuloaga, que es buscado por la justicia venezolana y ha pedido asilo en EE.UU., un 45%.
El 20% restante correspondía al empresario Luis Nuñez, ya fallecido, agregó Ravell.
Se trata de títulos que «están en el aire», dijo Chávez a su vez ese mismo mes, al dar cuenta de que los derechos de herencia no existen en los contratos de concesión del espectro de las ondas de televisión.
Chávez repitió en esa ocasión que con ese traspaso de acciones al Estado «nadie podrá decir» que su Gobierno «está expropiando», y repudió que Mezerhane y Zuloaga huyeran a Estados Unidos.
Mezerhane está prófugo de la justicia venezolana por el proceso contra el Banco Federal, en tanto que Zuloaga, también empresario automotriz, está imputado por usura y asociación para delinquir, a causa del presunto ocultamiento de vehículos para su posterior venta a precios «inflados».
El presidente Chávez ha insistido en que espera hacerse con todas las propiedades de Mezerhane, y no solo con su participación en Globovisión, para recuperar parte de los 1.600 millones de dólares que calculó como «el aproximado de los ahorros» de los 600.000 clientes del banco liquidado.
Mezerhane insistió en una carta pública dirigida a Chávez que se considera un «perseguido político» y que el «propósito final» del gobernante es «silenciar al único medio televisivo que dice e informa sobre sus atropellos a la democracia y al Estado de Derecho en Venezuela y sobre su irracionalidad como gobernante».
Al negar que Sindicato Ávila forme parte del Banco Federal, subrayó: «usted, arbitrariamente y con el propósito ya indicado, intervino (esa entidad) y me confiscó para único beneficio de su gobierno parasitario».
Ello, remata la carta, «para saciar su odio hacia quienes no compartimos su modo dictatorial de pensar y de actuar».