Representantes de las asociaciones se reunieron, el pasado martes, con el Subdelegado del Gobierno al que explicaron lo sucedido, comprometiéndose éste a investigar los hechos y a convocar una nueva reunión"
Según denuncian cinco oenegés, la «caza al inmigrante» podría haberse agravado. Ahora ya no se les detiene a los «sin papeles» en un control en la calle, en plazas, loocutorios, Metro o bocas de metro. Ahora la cosa va más lejos: en su propio domicilio. A continuación reproducimos la nota de prensa enviada a los medios.
«Reunidas las organizaciones AIMUR, APRAMP, Medicos del Mundo, Mujeres en Zona de Conflicto y Asociación pro derechos Humanos de Andalucía, que atienden a mujeres exclusión social, siendo en su mayoría inmigrantes, muestran su indignación y condenan por las actuaciones que se están llevando a cabo desde la semana pasada, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Almería, de las que hemos tenido conocimiento en el desempeño de nuestro trabajo, al considerarlas ilegales y vulneradoras de Derechos Fundamentales.
La actuación que se denunció por varias mujeres a las oenegés, viene consistiendo en presentarse en domicilios particulares, sin que exista sospecha o investigación policial alguna sobre quienes los habitan, y tras tocar a la puerta, hacen salir a sus moradores/as de sus casas para que se identifiquen, deteniendo y conduciendo a las dependencias policiales a quienes son extranjeros/as no comunitarios/as y carecen de permiso de residencia.
Nuestro Estado de Derecho no permite que las Fuerzas del orden público se excedan en sus funciones de control de la inmigración ni que actúen intimidando, amenazando y causando daños materiales a ciudadanas y ciudadanos en sus propios domicilios por el mero hecho de encontrarse en situación irregular en territorio español.
Consideramos que estas conductas son discriminatorias, racistas y xenófobas, y exigimos que se cumpla la legalidad vigente y se vele por el respeto de los Derechos Humanos.
Las ONGs firmantes desconocen si lo ocurrido no es más que una ejecución de la Circular del Ministerio del Interior 1/2010, criticada por su propio sindicato policial y condenada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, o bien, una actuación puntual de un grupo de agentes.
Representantes de las asociaciones se reunieron, el pasado martes, con el Subdelegado del Gobierno al que explicaron lo sucedido, comprometiéndose éste a investigar los hechos y a convocar una nueva reunión».
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