Ecuador se alejó en 2009 de las negociaciones "multipartes" que la UE había mantenido con los tres países y que llegaron a concluir con Bogotá y Lima
El Gobierno de Ecuador, que hoy pidió a la Unión Europea retomar negociaciones comerciales, aclaró que no busca un tratado de libre comercio (TLC) y pidió que se analice su propuesta sobre un acuerdo para el desarrollo.
Así lo aclaró la ministra coordinadora de Política Económica, Katiuska King, durante un foro organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), en Quito, donde se expusieron los riesgos de un TLC para el país andino.
La ministra se encargó de explicar el porqué su Gobierno se opone al modelo del TLC y aseguró que ese tipo de tratados no observan las asimetrías entre las economías.
Además, dijo que estos tratados suponen acuerdos vinculantes que superan las normativas internas y rebasan los acuerdos establecidos en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Por ello, King ratificó que Ecuador no negociará acuerdos que excedan a la OMC y a la Constitución del Estado, que prohíbe tajantemente los acuerdos de libre comercio.
Sin embargo, ratificó el derecho de su país de sentarse a negociar con los europeos, a quienes Ecuador envía su mayor volumen de exportaciones, si se exceptúa el petróleo.
Por ello, propuso una negociación con la UE que defienda la capacidad del Estado para ejecutar políticas públicas soberanas, con apego a la Constitución y el derecho a revisar la integridad de los resultados del proceso, en el entendido acordado por las partes de que «nada estará negociado hasta que todo esté negociado».
Se trata, dijo King, de establecer una «estrategia de negociación adecuada», en la que su país no acepta el modelo de tratado de libre comercio.
Para lograr esa estrategia, la ministra demandó una responsabilidad compartida entre el Gobierno, el sector privado y la ciudadanía.
De su lado, el excanciller ecuatoriano y catedrático de la Flacso, Fander Falconí, que participó en el foro, dijo temer que la Unión Europea quiera negociar con Ecuador un TLC, debido a que ese bloque ha dado señales sobre ello y que ya han sido negociados con Colombia y Perú.
Recordó que Ecuador se alejó en 2009 de las negociaciones «multipartes» que la UE había mantenido con los tres países y que llegaron a concluir con Bogotá y Lima.
Falconí coincidió en que los TLC no toman en cuenta las asimetrías entre las economías y que ese modelo perjudica a varios sectores productivos de Ecuador, sobre todo los relacionados con el consumo interno.
Además, dijo que estudios recientes demuestran que con un TLC Ecuador obtendría «beneficios mínimos» y pondría en alto riesgo a muchos sectores productivos nacionales.
Para Falconí, a la UE se debería plantear volver al origen de las conversaciones, cuando se planteó un Acuerdo de Asociación sobre la base de tres pilares: Diálogo político, Cooperación y Comercio.
Asimismo, reflexionó sobre alternativas para una política comercial del país y sugirió aplicar acciones proteccionistas a la producción nacional, recogiendo las experiencias iniciales de potencias desarrolladas como Estados Unidos y el Reino Unido.
Ecuador, según Falconí, debería buscar «un desarrollo endógeno» que no abandone la producción exportable y que establezca una defensa sólida de su gran patrimonio en biodiversidad.
Diversificar especializaciones productivas y mercados, sobre todo ligadas a la integración latinoamericana y a economías emergentes, fueron otras de las propuestas del excanciller.
De su lado, Alfredo Serrano, profesor e investigador asociado a la Flacso, aseguró que Ecuador debería tener en cuenta los cambios que ha sufrido Europa en los últimos años y recordó la crisis financiera que afecta al denominado Viejo Continente.
Para Serrano, Europa ha aplicado una «salida neoliberal a la crisis del neoliberalismo», y puso como ejemplo las políticas de privatizaciones de los sectores de servicios.
Para él, una negociación de Ecuador con la UE debe observar las «líneas rojas», especialmente sobre propiedad intelectual, así como el tema de la migración, que debería ser «vinculante» en el eventual acuerdo.
