Como dijo en una audiencia en el Congreso, la Secretaria Hillary Clinton, se trata de una compleja negociación, en la que hay que considerar "lo que esperamos de ellos (los mexicanos) cuando les entregamos nuestro dinero"
Como cualquier inversionista, Estados Unidos quiere ver qué resultados obtiene por su dinero en México cuando se trata de lucha contra la droga. Es un esfuerzo en el que el gobierno estadounidense participa financieramente a través de la llamada Iniciativa Mérida y mediante la cooperación con las fuerzas de seguridad mexicanas.
Aunque desde que entró en vigor el plan en 2008 el Congreso estadounidense ha autorizado más de US$ 1.500 millones, para el final del 2011 el Departamento de Estado planifica haber entregado a su destino final sólo la mitad de ese dinero.
Como dijo este martes en una audiencia en el Congreso, la Secretaria Hillary Clinton, se trata de una compleja negociación, en la que hay que considerar «lo que esperamos de ellos (los mexicanos) cuando les entregamos nuestro dinero».
Y lo que se espera en Washington parece ser no sólo mayor eficiencia en el trabajo de las fuerzas de seguridad mexicanas, sino la aceleración del proceso de reformas institucionales en el vecino al sur. Consideran que esas reformas ayudarán a eliminar el origen y el poder de las mafias narcotraficantes.
Ese podría ser el punto en el que más insista el presidente Barack Obama cuando este jueves reciba en la Casa Blanca al mexicano Felipe Calderón.
Reformas y corrupción
En una reciente comparecencia ante el Congreso, el Director Nacional de Inteligencia de EE.UU., James Clapper, alabó el esfuerzo mexicano contra el narcotráfico, pero destacó que su «capacidades militares y policiales siguen siendo inadecuadas para quebrar a las organizaciones militares y contener la violencia criminal».
«El problema es que se ve que las instituciones mexicanas no son lo suficientemente fuertes para enfrentar al crimen organizado», aseguró a BBC Mundo Eric Olson, experto en seguridad del Instituto México del Centro Woodrow Wilson de Washington.
Olson asegura que Washington espera que los mexicanos sigan el proceso de modernización y profesionalización de los cuerpos de policía y del sistema de justicia, para superar las «desconfianzas, particularmente por el problema de la corrupción y la penetración del crimen organizado en las instancias gubernamentales de México».
«No es que Washington la va a decir a México que no está haciendo tal cosa o que quiere que se haga tal otra, sino que esperará que se profundicen las reformas, que se hagan mas reales», aseguró Olson.
Según las cifras del Departamento de Estado unos 45.000 agentes mexicanos están recibiendo capacitación en técnicas policiales, mientras que 3.000 fiscales están siendo entrenados para adaptarse al proceso de modernización institucional.
El resultado de ese proceso de reingeniería institucional, que se estima que esté completo en 6 años, es el que quieren ver en Washington para seguir destinándole recursos y apoyos.
La sombra del caso Zapata
Aunque la reunión entre Obama y Calderón se produce a la sombra del reciente asesinato de un agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas de EE.UU., Jaime Zapata, en territorio mexicano a manos de un sicario, el episodio no parece haber reactivado la antigua desconfianza de las fuerzas de seguridad estadounidense hacia las mexicanas.
Algunos comentaristas aseguran que el crimen de Zapata dio visos de emergencia a la visita de Calderón y que el mexicano vendría a «explicar» el caso a la Casa Blanca
Pero la diplomacia estadounidense afirma que el encuentro se habría planificado tres meses antes del asesinato de Zapata y que además no habría modificado la agenda básica de la reunión.
«Tenemos toda la confianza en el presidente Calderón y creemos que ellos van a procesar a los responsables del crimen», dijo a BBC Mundo, la portavoz del Departamento de Estado, Virginia Staab, valorando la rápida acción de la policía mexicana al capturar al supuesto asesino.
El caso ha llevado a algunas voces en el Congreso a pedir a la Casa Blanca que revise un acuerdo de 1990 que impide que oficiales estadounidenses porten armas cuando están en territorio mexicano, algo que otros consideran inoportuno y poco probable.
Mientras tanto, las diferencias que puedan aflorar el jueves Calderón y Obama quedarán moderadas en las declaraciones públicas que den los mandatarios, en parte, para no afectar la imagen de cooperación que han venido desarrollando ambos países en el combate a los carteles de la droga.
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