Los límites del populismo

La patada del socialista Pedro Sánchez a los solicitantes de asilo: «Vuelva en diciembre de 2020»

La nacionalidad venezolana es la primera en España en este tipo de solicitudes

La patada del socialista Pedro Sánchez a los solicitantes de asilo: "Vuelva en diciembre de 2020"
El presidente español Pedro Sánchez. YT

El gobierno socialista de Pedro Sánchez hace agua, y la política migratoria es parte del desastre socialista. Sáchez comenzó su gestión con un burdo recurso propagandista, para la galería, haciéndose el héroe europeo rescatando a unos “pobres africanos que nadie quería ayudar” en el caso del famoso buque Aquarius. (Llegó el ‘Aquarius’, se hicieron las fotos los del PSOE, salió Sánchez en TVE, ¿y ahora qué?)

Pero al populismo siempre le llega la hora de la verdad. Ahora es cuando las nefastas e improvisadas políticas del gobierno socialista han quedado expuestas en la comisaría de Aluche, el único lugar en Madrid donde los inmigrantes pueden iniciar el proceso de solicitud de asilo.

Allí, la Policía Nacional, ha tenido que dar la cara en nombre de un gobierno irresponsable, encomendando a decenas de solicitantes a volver en diciembre de 2020 alegando que el sistema está colapsado. Así lo ha destacado El País.

Ese plazo de espera supone un récord en tiempos recientes, según activistas de inmigración que denuncian que los funcionarios están dando fechas de forma arbitraria.

Para los inmigrantes necesitados, el documento que entrega la policía en Aluche es primordial ya que garantiza la protección frente a la deportación, por ello, muchos estén haciendo colas día y noche en la calle, a pesar de esas indicaciones de los agentes.

Pero en lugar del codiciado documento, muchos han recibido esta semana un resguardo de visita con una fecha escrita a mano. «Nos vemos aquí el 10 de diciembre de 2020», le dijo este martes una funcionaria de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras a Francy Guerrero, una periodista venezolana de 25 años que llegó hace dos semanas a España.

La improvisación se hace evidente ante los ojos de los mismos solicitantes. Al venezolano Amín Mejía, de 43 años, le dieron otro resguardo similar, pero con fecha de 5 de mayo de 2020, parece que no existe ningún procedimiento, y los funcionarios no llevan ningún tipo de control. «Les dije que no es justo», protesta su hijastra Odelba Vargas. «Estuve en esa comisaría hace un mes con otros familiares y les dieron cita para unas semanas más tarde».

La cola en la comisaría de Aluche ha ido creciendo desde que el Gobierno modificó el procedimiento para iniciar el trámite de asilo, suprimiendo la cita telefónica. Desde entonces es obligatorio personarse en comisaría donde se reparte un cupo diario de 99 plazas. Hace una semana más de 200 personas dormían en la calle para conseguir un puesto.

Según comentan los activistas es que para disminuir las colas o generar un efecto huida, la policía ha recurrido a emplazar a los inmigrantes hasta una fecha remota, y recalcan la incongruencia de que haya personas que consiguen en cuestión de horas o días el documento, conocido como «manifestación de voluntad de presentar solicitud de protección internacional».

Ante tanta incompetencia, el Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación sobre la cola y las dificultades para acceder al asilo en Madrid.

«Están improvisando para hacer menos visible la situación, pero no la están resolviendo», afirma Isabel Pereras, voluntaria de la Red de Solidaridad y Acogida. El pasado martes 20 de noviembre de 2018, Pereras acompañó a un grupo de unos 30 inmigrantes que fueron citados para 2020.

Según pudo conocer El País, el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha encargado un informe de la situación en Aluche y otras comisarías de España para analizar de qué recursos disponen y encontrar una solución a las demoras, según una portavoz del Ministerio.

Es decir, que requiere de un informe técnico para conocer asuntos de una dependencia vinculada al propio ministerio que dirige y cuyas carencias han sido divulgadas en muchos medios de comunicación, vamos que el Ministro se hace el que no se entera.

Para el resto de mortales, que no son el ministro Fernando Marlaska, el colapso de las comisarías que gestionan este primer trámite del proceso era de esperarse, por el fuerte atasco en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), carente de personal para gestionar el aumento exponencial de las solicitudes. Algo que desde al año pasado ha venido denunciando Estrella Galán, secretaria general de CEAR.

Nuestro país está fallando clamorosamente a miles de personas que llegaron a nuestro país en busca de refugio, haciéndoles esperar meses o incluso años para luego negarles el asilo dejándoles en un limbo jurídico y social”

Para nadie es un secreto que la mayoría de solicitudes de asilo provienen de venezolanos que han llegado a España huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro (aunque Sánchez sea uno de los pocos presidentes hispanoamericanos que no se atreva a llamarle así) y a finales de año, más de 16 mil venezolanos solicitarán asilo en España, ello según la data publicada por El Confidencial, que aseveró que “56 venezolanos han solicitado asilo cada día en España”. (Los venezolanos son los ‘número uno’ del mundo en solicitudes de asilo en España y EEUU)

Entendiendo la gravedad de la situación, el Defensor del Pueblo realizó la recomendación formal al Ministro del Interior de “Formular propuesta al Consejo de Ministros en relación con los ciudadanos venezolanos mientras se encuentren en España, de Declaración general de protección temporal, en virtud del Real Decreto 1325/2003”. (El Defensor del Pueblo respalda la iniciativa de ‘Un Salvavidas para Venezuela’ a favor de la Protección Temporal)

Un paso que, según diversos analistas, disminuiría la carga de trabajo que el gobierno de Sánchez deja sobre los hombros de 34 funcionarios de carrera con los que cuenta OAR, según datos del sindicato de CCOO.

Sin embargo, esa no sería una solución definitiva, ya que España había recibido 47.839 solicitudes de asilo hasta el jueves pasado, según la portavoz de Interior. La cifra ya supera la de 2017, que fue un año récord con 31.740 solicitudes.

Madrid es la provincia que más peticiones de asilo recibe (18.379 en lo que va de año), lo que explica la sobrecarga de la comisaría de Aluche, según esa misma fuente del Ministerio. El actual gobierno culpa a la administración anterior de no haber dotado de recursos a la OAR a pesar del fuerte aumento del flujo migratorio, pero no termina de mover ficha para solucionar un problema que se ha agravado en manos socialistas.

Según afirma el País, el Ministerio indica que han puesto en marcha un plan de choque con la convocatoria en julio de 231 personas por oposición para agilizar la gestión de los asilos, pero que la situación empeorará aún más ya que el 9 de diciembre finaliza el contrato de 94 trabajadores interinos contratados en 2015 para dar respuesta a la crisis humanitaria en Siria. “Están siendo reemplazados por nuevos interinos, pero el Ministerio de Interior admite que mientras se ponen al día la resolución de expedientes se ralentizará aún más.

“Hemos tenido retrasos siempre, pero jamás de dos años”, advierte Patricia Fernández, abogada del grupo activista centrado en la exclusión social, Red Coordinadora de Barrios. Fernández afirma que ha puesto una queja ante el Defensor del Pueblo por la cita que le dieron este lunes en Aluche a un inmigrante, para mayo de 2020.

Esta abogada remarca que España está violando flagrantemente las normas europeas del asilo, que exigen dar respuesta a los solicitantes entre tres y diez días. España aún no ha desarrollado con un reglamento el texto de la Ley de Asilo de 2009, lo que es visto como una señal del poco interés político que despiertan los inmigrantes necesitados.

La prolongada espera está afectando también al derecho de los solicitantes de asilo a encontrar un techo. Como condición para darles plaza, los albergues de Madrid están exigiéndoles documentos que prueben su estatus de solicitantes de asilo. Los activistas señalan que hasta hace poco los albergues no ponían este requisito y creen que es una excusa para no admitir que no tienen espacio.

Los inmigrantes afectados se sienten maltratados. «Nos dicen que debemos volver en dos años después de estar mojándonos toda la noche», protesta Carlos Guerrero, venezolano de 42 años. Le acompañaban sus dos hijos, de 15 y 17 años. «Mi chico se puso enfermo por el frío y el agua».

«Ahora han quedado en el aire», continuaba Guerrero. La familia entera ha huido del caos en Venezuela donde hay escasez de alimentos y las medicinas más básicas. «Siento que ha sido una pérdida de tiempo. ¿Quién nos asegura a nosotros que nos van a respetar nuestra cita en diciembre de 2020?».

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